En las primeras horas de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y el cual también reformó la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
El documento fue devuelto a la Cámara de Senadores, pues al ser San Lázaro la cámara revisora y modificar la minuta recibida, ésta se envía de vuelta a la Cámara de origen.
La votación realizada al filo de las 2:00 horas tuvo 250 votos a favor, 163 en contra y 14 abstenciones.
Además, se aceptaron modificaciones a los artículos 3, 8, 26, 29, 35, 41, 42 y 43 de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis; el artículo 477 Bis de la Ley General de Salud, y el artículo 198 Bis del Código Penal Federal.
Entre los cambios destacan el presentado por el grupo parlamentario del PRI para que sea la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) la instancia facultada de emitir las licencias para el aprovechamiento industrial del cáñamo del cannabis, y ya no la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
“Con este incentivo, la industria del cáñamo puede representar una gran oportunidad en la actividad agrícola en zonas de alta marginación en nuestro país, y con ello, abrir oportunidades de desarrollo para las familias campesinas”, dijo el diputado Jesús Alcántara (PRI).
Otra reserva que aceptó el Pleno fue la del diputado Sebastián Aguilera Brenes (Morena), con la cual queda prohibida la reconversión de terrenos con vocación forestal a la producción del cannabis.
También se aceptó la reserva del diputado Hirepan Maya Martínez (Morena) para modificar el artículo 43, para señala que el incumplimiento a la Ley aprobada, sus reglamentos y demás disposiciones serán sancionados administrativamente por las autoridades competentes y en lo cual se incluyen las leyes Federal de Variedades Vegetales y la General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.
De igual modo, se aceptó la reserva del diputado Rubén Cayetano García (Morena) a la Ley General de Salud, para aumentar la pena de tres a cuatro años de prisión y de 80 a cien días de multa a quien posea cannabis psicoactivo sin la autorización.
Y una adición un párrafo al artículo 198 bis del Código Penal Federal para que tratándose de las conductas de comercio o suministro de cannabis psicoactivo, aún gratuitamente, se le aplicarán agravantes.
Al respecto, la diputada Martha Tagle (MC) reclamó que al aumentar las penas “queda comprobado una vez más que se penaliza la posesión para consumo”.
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