La contrarreforma eléctrica, que hoy está suspendida por decisión de un juez, dejó ver muchas cosas por las que debemos estar preocupados en México. Pero la embestida presidencial en contra de la independencia del poder judicial es un foco rojo por sus tintes autoritarios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador usa la tribuna para descalificar, amenazar e intimidar a quien no piense lo mismo que él. Lo hemos visto con los organismos autónomos, con gobernadores de oposición, con periodistas y empresarios.
Recientemente, de manera específica, en contra de la Auditoría Superior de la Federación, donde la intimidación presidencial funcionó y recularon del resultado de uno de sus resultados de análisis de la cuenta pública de 2019.
Y ahora, nuevamente contra el poder judicial. De nueva cuenta, porque lo ha hecho en repetidas ocasiones. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizaba si aprobaba o no la consulta ciudadana, con una pregunta absurda, para juzgar a los expresidentes, López Obrador amenazó a la Corte con una reforma constitucional si no aprobaban su consulta. Contra todo pronóstico apegado al sentido común, el máximo tribunal la aprobó.
También amenazó con investigar a un juez si liberaba a Alonso Ancira en septiembre del año pasado. El expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México accedió a reparar el supuesto daño que le imputaban, fue extraditado y sigue en la cárcel.
En esta ocasión, el muy poderoso presidente de México intimida al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien en un procedimiento apegado a derecho y de práctica común, otorgó la suspensión provisional de los efectos de la contrarreforma eléctrica de López Obrador.
Y de paso, lo escala hasta el presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, para que él reprima al juez que hizo su trabajo y de paso para que sepa el sentido que quiere el Presidente que lleve el caso de su ley eléctrica cuando llegue hasta esa última instancia.
No tiene empacho la 4T en decir públicamente que, así como ordenó a los diputados y senadores que no cambiaran una sola coma de su Ley, que ahora el Consejo de la Judicatura Federal investigue a estos jueces porque aseguran que están al servicio de los intereses de las empresas privadas.
Por eso, el Presidente envió una iniciativa preferente al congreso que su Gobierno sabía que era inconstitucional, porque así fue declarado su decreto de política de Confiabilidad del sistema eléctrico, porque sabía que la resolución la podía ganar en la tribuna poderosísima de Palacio Nacional, no en los argumentos que discutieran los ministros.
Su contrarreforma eléctrica podrá ser anticonstitucional, perjudicial para los consumidores, una mala señal para las inversiones y va a implicar retrasos productivos para el país en poco tiempo.
Vamos, no hay una forma honesta de poder defender ese cambio, pero es la Ley del Presidente y él está convencido de la obligación de cualquiera de procurar que no haya ninguna oposición, ni legal, ni financiera, ni constitucional.
Puede ser aberrante, pero la contrarreforma eléctrica de López Obrador no está lejos de que libre cualquier escollo judicial que se le quiera atravesar.
@campossuarez