Aún con la modificación a la Constitución para que se acomode a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica del Ejecutivo, eso no significa que se solucionará los problemas inherentes a su aplicación, aseveró la diputada federal Karem Vargas (PRD).
“Habrá que recordarle al presidente López Obrador que al modificar la Constitución para validar el disparate legal en materia de industria eléctrica no solucionará los problemas que conlleva su aprobación, ya que existen Tratados Internacionales que también impedirán su aplicación”, dijo la legisladora.
Agregó que el mandatario busca convertir la democracia en una dictadura, situación que sustenta con el autoritarismo que mostró al amenazar con reformar la Constitución para impedir que la Ley de la Industria Eléctrica pueda ser detenida por el Poder Judicial.
Calificó de peligrosa esta actitud del Ejecutivo Federal, y también lamentó que legisladores de Morena señalen la presentación de una iniciativa, para modificar la Ley de Amparo olvidando su compromiso con los mexicanos, pues al impedir amparos cuando el objeto sea contra empresas productivas del Estado, se estaría boicoteando por completo el sistema jurídico nacional.
“Se señaló a la reforma energética de inviable económica y jurídicamente, y a pesar de ello sin mover una coma y como muestra de servilismo, el bloque de partidos a modo en el Poder Legislativo del Ejecutivo Federal, la aprobó a sabiendas de su inconstitucionalidad y ahora aseguran que el desconocimiento de un juez ayudó a detener esta reforma, a este paso mañana condenará a sus detractores”, comentó.
Agregó que la discusión en torno a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica dejó de tener un enfoque técnico y económico en su fijación de posturas, para pasar a tener señalamientos totalmente de índole político e ideológico y alcances que trascienden más allá de una reforma.
Vargas aseguró que al más puro estilo de la película La Ley de Herodes, sin un proyecto energético en concreto, sin un diagnóstico, metas u objetivos, se cambió la ley con base en ocurrencias, corazonadas, compromisos personales y como herramienta para maquillar el mal manejo de PEMEX y que lo subsidie la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La perredista señaló que modificar la Constitución o la Ley de Amparo, son muestra clara de que el actual gobierno, no cuenta con un proyecto que busque preservar el Estado de Derecho, sino que son “el primer eslabón que burla, ensucia, amenaza, chantajea y violenta la Constitución y a las Instituciones del país, donde el único esfuerzo realizado se centra en la concentración de Poder para el Ejecutivo”.
PAL