Las acciones del Gobierno chino en contra de la etnia uigur pueden ser catalogadas como genocidio, pero el concepto de soberanía ha impedido que los mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos puedan ser activados para proteger a esta población. Ulises Granados, académico especialista en Asia, considera que la comunidad internacional todavía tiene opciones para hacer a las autoridades chinas responsables de algunas medidas tomadas.
Los uigures son una etnia musulmana anclada en China. Desde 2016, el presidente Xi Jinping ha tratado de eliminar la cultura uigur a través de centros de orientación vocacional, la separación de familias, y la esterilización forzada de mujeres.
“Los centros de reeducación vocacional, que son realmente como campos de concentración. Son lugares donde a las personas se les instruye en lengua y cultura para quitarles los elementos extremistas de la mente”, determinó el docente del ITAM.
La comunidad internacional en general ha condenado las acciones en contra de los uigures. Pero pocas acciones concretas se han implementada para impedir el maltrato.
El internacionalista señala que el obstáculo más grande es el concepto de soberanía, que se mantiene como una categoría suprema en el sistema internacional. En un país tan grande y con tanto peso económico como China, es muy difícil violentar su soberanía.
La única vía para proteger a esta minoría son medidas bilaterales: “Hay que socializar a China para que acepte las normas de protección a los Derechos Humanos mediante acuerdos comerciales”, advirtió el experto en entrevista.
Bloque europeo acuerda sanciones contra China
Apenas esta semana, los 27 estados miembro de la Unión Europea acordaron adoptar un nuevo paquete de sanciones que incluye a cuatro personas y una entidad de China por el trato a los uigures.
En total, las medidas por el régimen global de sanciones de Derechos Humanos -que deben ser aprobadas por los ministros de Relaciones Exteriores de la UE el lunes- afectan también a funcionarios de Rusia, Corea del Norte, Eritrea, Sudán del Sur y Libia, dijeron diplomáticos.
En una postura similar, la UE discute sanciones contra militares de B
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