@guerrerochipres

 

Lo que comenzó como un caso de rutina policial —la atención al reporte por una mujer que supuestamente “escandalizaba” en la vía pública— terminó por significarse como un tema de indignación nacional e internacional, equiparado con el asesinato de George Floyd a manos de policías en Estados Unidos.

El asesinato de la salvadoreña Victoria Esperanza por parte de cuatro agentes de la Policía de Quintana Roo alcanza los límites de la brutalidad policial, como la calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El sábado por la tarde, los policías sometieron a la mujer de 36 años, originaria de El Salvador, y en el proceso, carente de protocolo en el uso de fuerza, una policía la puso boca abajo y colocó sus rodillas sobre su espalda. Una mujer policía.

Inconsciente, la subieron a una camioneta de la Policía de Tránsito. Ahora se sabe que Victoria Esperanza —quien deja a dos niños huérfanos— murió por una fractura en la primera y segunda vértebras de la columna. Las maniobras de sometimiento le rompieron el cuello, la mataron.

“Fue brutalmente tratada y asesinada; es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza”, dijo el Presidente mexicano. “Sólo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley”, apuntó el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Los cuatro agentes ya fueron detenidos y, según la Fiscalía de Quintana Roo, pedirán que el caso sea procesado como feminicidio. Testigos dicen que mientras era sometida, Victoria gritaba que no podía respirar.

En mayo de 2020, en Mineápolis, Minnesota, fue asesinado por policías el afroestadounidense George Floyd. Lo esposaron, lo tiraron boca abajo y presionaron su espalda. También gritaba que no podía respirar.

La similitud entre ambos casos deja sin aliento; la indignación y exigencia de que se haga justicia es total.

El abuso policial del que fue víctima Victoria Esperanza deja en evidencia nuevamente algo que se vio desde noviembre pasado, cuando se reprimió con disparos al aire una manifestación en Cancún; el saldo: la separación del cargo de Alberto Capella, secretario de Seguridad del estado.

La entidad, gobernada por Carlos Joaquín González, tuvo entonces la oportunidad de revisar y atender los protocolos, pero no sucedió. De hecho, aún no se sabe con certeza si Capella volverá al cargo.

Ahora, el encargado del despacho, Lucio Hernández Gutiérrez —quien fuera director de Seguridad Penitenciaria en la Ciudad de México—, anunció el cese del director de Tránsito de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez.

Esta medida, junto con la imputación a los agentes responsables, son un primer paso, pero no es suficiente para frenar los abusos policiales y el uso excesivo de la fuerza.

La capacitación con perspectiva de género y respeto a los Derechos Humanos hace mucho que dejaron de ser solo un extra; hoy son indispensables. Desde la Ciudad de México se modela un tipo de protocolo e intervención policial que destaca por los criterios recién mencionados que bien valdría la pena replicar en otras entidades, como Quintana Roo.