El pasado 30 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió el informe correspondiente a los primeros 100 días de su tercer año de gobierno que, conforme a la agenda de protección al sector energético, tuvo énfasis en las medidas que se implementan y se seguirán aplicando para resguardar y fortalecer a Pemex y CFE como empresas productivas del Estado —que son clave para el desarrollo nacional—, deteniendo su desmantelamiento y corrigiendo las asimetrías que las colocaban en desventaja ante un mercado abierto y poco regulado.
El jefe del Ejecutivo federal recalcó que México asume cabalmente su responsabilidad contractual, surgida de la llamada reforma energética de 2013, pero aseguró que no se firmarán nuevos convenios para la explotación de petróleo a empresas privadas nacionales o extranjeras ni se continuará con la práctica de vender crudo y comprar gasolinas, pues toda la materia prima será procesada, manteniendo un ritmo de extracción de 2 millones de barriles diarios, con el objetivo de poder cubrir con la actividad de Pemex la demanda nacional de gasolina. Para ello, el presidente anunció acciones de infraestructura en la materia, como el reinicio de la construcción de la planta coquizadora de Tula, Hidalgo, y la conclusión de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, a mediados del próximo año.
Asimismo, anunció que la Secretaría de Hacienda seguirá reduciendo las cargas fiscales de Pemex, para permitirle ejecutar su programa de inversión, mantenimiento y operación, y que continuará el combate a la corrupción al interior de la petrolera. Respecto al sector eléctrico, retomó la importancia de la reciente reforma aprobada en el Congreso de la Unión a la Ley de la Industria Eléctrica, para reparar el daño causado por la privatización del sector en la pasada administración.
Recordemos que existe una iniciativa en proceso legislativo con el mismo sentido reglamentario, pero en materia de hidrocarburos, con lo que queda manifiesta la voluntad de poner orden en el sector y no de nacionalizar o desconocer las obligaciones contractuales de México, lo cual requeriría una reforma a nivel constitucional.
Vinculado a la política energética que retoma el papel rector del Estado, existe un férreo combate al delito de robo de hidrocarburos, que en esta administración se ha visto reducido en un 95 por ciento, junto a la disminución de otros ilícitos, como homicidio (un 1.6 por ciento), robo de vehículos (un 40 por ciento) y secuestro (un 38 por ciento). No obstante que esta tendencia se replica en 9 de 11 delitos considerados de alto impacto, se reconoce que la extorsión ha aumentado un 21 por ciento, y el feminicidio, un 8.5 por ciento, resultados que se busca remontar con la nueva estrategia de seguridad fundada en el respeto a los derechos humanos.
La eliminación de lujos y gastos ostentosos en el gobierno, así como la cero tolerancia a la corrupción han generado ahorros con los que se ha podido financiar el programa de bienestar más grande en la historia de México, sin comprometer las finanzas públicas, al no contratar nueva deuda, no crear nuevos impuestos y no elevar por sobre la inflación el precio de las gasolinas, el gas, el diésel o la electricidad.
Incluso, pese a la pandemia provocada por la COVID-19, México se ha mantenido firme en su camino hacia un nuevo modelo económico, político y social, capaz de atender eficientemente las demandas de las mayorías y, en especial, las de quienes más lo necesitan.
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