No obstante que existen al menos 17 inconsistencias de fondo que violan la Constitución y los Derechos Humanos en las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, la mayoría de Morena y sus aliados, aprobó en la Comisión de Justicia del Senado, la minuta enviada por la colegisladora que permite el uso recreativo, industrial, médico, científico y mercantil de la mariguana.
En la exposición de motivos del dictamen aprobado, se reconoce que con las modificaciones propuestas por la Cámara Baja se “infringen derechos humanos y se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluso, se corre el riesgo de incumplir con la Declaratoria de Inconstitucionalidad 1/2018” que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con los senadores de oposición y algunos morenistas como Lucy Meza, una de las inconsistencias es eliminar la prohibición de consumir mariguana frente a menores de edad, en lugares públicos, escuelas, restaurantes y oficinas gubernamentales y establecer sólo una multa que va de 5 mil 377 a 26 mil 886 pesos.
Además, designar a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) dependiente de la Secretaría de Salud, como responsable de la cadena productiva del cannabis psicoactivo y sus derivados, lo que contradice la naturaleza de prevención de ese organismo.
Los senadores consideraron que se incurre en inconstitucionalidad la prohibición del consumo de cannabis para efectos psicoactivos para personas mayores de 18 años, pero menores de 25 años de edad, pues constituye una violación al derecho humano de igualdad y a la no discriminación.
Así como la eliminación de la prohibición de la venta de 28 gramos, lo que permitiría la venta de cualquier cantidad.
Incluso, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador de Morena, Julio Menchaca, llamó a votar a favor del documento, con la promesa de legislar en el futuro para enmendar estas inconsistencias.
“La identificación de las antinomias, de las disposiciones inconstitucionales y de la falta de atención a lo señalado por la Corte está en la exposición de motivos, pero que demos un paso adelante aprobando este dictamen y atendiendo nuestra responsabilidad estemos presentando las iniciativas que nos permitan ir adecuando esta normatividad”, refirió.
Al respecto, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, criticó que el dictamen limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad “y creo que esto es lo que la Corte nos había pedido. Se elimina el enfoque de derechos humanos que había contemplado el Senado de la República, no se contempla la obligación del Estado mexicano de proteger y garantizar los derechos humanos de los consumidores de cannabis atendiendo al principio pro persona”.
Además, expresó su preocupación al sustituir al Instituto Mexicano del Cannabis por la Comisión Nacional contra las Adicciones.
“El exceso de atribuciones que parecer estarse dado a una secretaría. (…) Además de que no se le pueda otorgar facultades de regulación a un órgano que está encargado de combatir las adicciones porque esto transgrede el derecho al desarrollo de la personalidad y promueve la estigmatización de los usuarios del cannabis”, dijo.
La senadora del PAN, Indira Rosales San Román, coincidió en que el dictamen, no cumple lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “seguimos desvirtuando el origen y el objetivo de este dictamen. (…) A mí me parece que lo único que se está buscando es regular por regular”.
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CT