La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó que el próximo miércoles 14 o jueves 15 de abril, se discuta y vote en el Pleno el dictamen que elabore la Comisión de Energía a la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar la Ley de Hidrocarburos.
Por tanto, se espera que en lo que resta de esta semana e inicios de la próxima se reúna dicha Comisión para elaborar el dictamen, esto pese a las críticas de especialistas.
Apenas hoy se realizó una mesa de diálogo entre expertos en temas energéticos y Derecho constitucional con integrantes diputados de la Comisión de Energía.
La consejera empresarial y analista en tema energéticos, Rosanety Barrios Beltrán, señaló que la revocación de permisos ya es una facultad que existe por parte de la autoridad; no obstante, precisó que para incidir de mejor manera en el combate al robo de combustible y la evasión fiscal se debe investigar quién le vende a quién y cómo.
Dijo que la redacción de la iniciativa omite dar certeza jurídica a los particulares, lo cual puede repercutir en la inversión al sector.
Aunque el formato de la reunión virtual fue igual al que se utiliza en los parlamentos abiertos, el acuerdo al interior de la Comisión fue que como se trata de una iniciativa de actualización y armonización y no un cambio en el paradigma del sector energético, se requería solo una mesa de diálogo.
Esto a pesar del llamado de la coordinadora de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña de no aprobar esta reforma en fast track.
La propuesta de modificación a la Ley de Hidrocarburos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a San Lázaro ha generado polémica pues permite la intervención de dependencias gubernamentales en instalaciones privadas del sector energético si se considera que existe un riesgo a la seguridad nacional, lo que algunos analistas y diputados de oposición consideran es una expropiación.
Además, se elimina el concepto de afirmativa ficta, es decir, si un inversionista solicita un permiso a las autoridades energéticas si no recibe respuesta en 90 días se dará por entendido que fue rechazado, contrario a lo que ocurre actualmente que se da por autorizado.
Por otra parte, López Obrador admitió que su plan de reformar la industria eléctrica podría fracasar al ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte o por no alcanzar la mayoría legislativa en una nueva propuesta de cambio constitucional.
Abundó que “si se llega hasta la última instancia y la Suprema Corte declara inconstitucional la ley, tendríamos que presentar una reforma a la Constitución, aún con el riesgo de que no se aprobara por no tener las dos terceras partes; pero estaría yo obligado a hacerlo porque, de lo contrario, me convertiría en alcahuete, en cómplice y eso no”
fahl