Con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en expedir reformas a capricho, sin importar que violen el marco legal establecido y las afectaciones que representan para el país y el bolsillo de los mexicanos, afirmó la diputada Ángeles Ayala (PAN).
La legisladora advirtió la importancia de tener presente que dicha iniciativa contradice los principios y reglas establecidos por la Constitución General de la República, para la participación del sector privado en la industria de petrolíferos.
“Es claro que, de aprobarse la iniciativa en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal, se estaría violando a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México.
“Y esto afectaría aún más el deteriorado clima de inversión en el sector energético que se ha presentado desde el inicio de la actual administración”, agregó.
Ayala señaló que la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 26 de marzo pasado, para reformar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, pretende dar un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Sostuvo que la mayor afectación sería para las empresas con permiso en las actividades de importación, comercialización, distribución y venta al público de gasolinas, diésel y otros combustibles, “un mercado en el que es importante mencionar que Pemex perdió exclusividad de manera formal con la reforma de 2013”.
La legisladora panista comento que la propuesta de cancelar un permiso otorgado a una empresa, si este representa un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional es la que más incertidumbre podría acarrear al sector, toda vez que los tres términos incorporados tienen una amplia interpretación y ésta puede modificarse constantemente.
“No está claro en la propuesta el procedimiento para establecer la suspensión de permisos. Lo que pretende es que la autoridad pueda suspender permisos ya otorgados. El caso del término de seguridad nacional es muy ambiguo y otorga al Ejecutivo un grado de discrecionalidad muy alto, además de que afecta a toda la cadena de producción, distribución, almacenamiento y comercialización.
“Para el caso de los términos de seguridad energética y economía nacional son muy muy amplios, el riesgo es que se podría encuadrar cualquier cosa.
Por ejemplo, se podrían eliminar los permisos al considerar que su permanencia va en contra de la actual política en el sector, que tiene como eje rector de la seguridad energética fortalecer a Pemex y CFE”, indicó Ayala.
La legisladora hizo referencia a la mesa de diálogo que se llevó a cabo ayer de manera virtual convocada por la Comisión de Energía en la que se invitó a expertos en el sector y sostuvo que de ella se desprende que la iniciativa representa un riesgo grave para las inversiones presentes y futuras.
“El Poder Legislativo no puede seguir invitando a los diferentes actores interesados y expertos en los temas a dialogar abiertamente, si al final sus puntos de vista van a ser omitidos del proceso de análisis y debate que se presenta al interior de la comisión dictaminadora en turno.
“El Congreso de la Unión, los expertos, especialistas y la ciudadanía en general, no pueden seguir legitimando decisiones ya tomadas desde el Poder Ejecutivo. Ese no es el significado de una mesa de diálogo, y mucho menos de un Parlamento Abierto”, lamentó Ayala.
La iniciativa contempla que, en caso de suspensión del permiso, una empresa estatal, podrá ser quien maneje y controle las instalaciones. De esta manera se abre la posibilidad de que Pemex pueda tomar el control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos temporal o definitivamente.
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CT