Tres de los 18 candidatos a la presidencia de Perú, entre ellos Keiko Fujimori, están bajo la lupa de la fiscalía, que está recopilando evidencias y testimonios para llevarlos a juicio.
La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) permaneció 16 meses en prisión preventiva, hasta mayo de 2020, por el escándalo de las dádivas del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que salpicó también a cuatro exmandatarios peruanos.
Keiko es investigada por haber recibido supuestamente aportes ilegales de Odebrecht en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
También está bajo investigación el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), candidato sin opciones de ganar los comicios del domingo, según los sondeos.
Humala y su esposa, Nadine Heredia, estuvieron nueve meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018 por el caso Odebrecht, y ambos deben ser llevados a juicio en algún momento.
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«Se me investiga de un supuesto de delito. Estamos luchando y dando la cara. Nosotros no nos escapamos, enfrentamos todo», dijo Humala recientemente.
La pareja está acusada de haber recibido ilegalmente tres millones de dólares para la campaña que llevó al militar retirado al poder en 2011.
Solo una condena impide a un ciudadano peruano ser candidato en una elección.
«Una persona procesada, no es una persona que haya sido condenada», dice a la AFP el analista político Fernando Tuesta.
«No se le puede impedir su postulación, en ninguna parte está impedido. No hay país que impida que un persona procesada pueda postular porque obviamente puede ser inocente», agrega.
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El otro candidato minoritario que debe ir a juicio es Daniel Urresti, un general retirado sin opciones de avanzar a la decisiva segunda vuelta presidencial, prevista para el 6 de junio.
Urresti fue absuelto en 2018 en el proceso por el asesinato en la región andina de Ayacucho del periodista Hugo Bustíos en 1988, durante el conflicto armado interno. Pero en 2019 la Corte Suprema anuló el fallo, por lo que irá nuevamente a juicio después de las elecciones.
Si uno de estos candidatos ganara la presidencia, solo podría ser llevado a juicio una vez que termine su mandato de cinco años.
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