Aun con la orden de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) o el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), como responsable solidario de éste, paguen más de 54 millones de dólares a los trabajadores mineros, será complicado, pues la expectativa de que el Gobierno federal actúe buscando la justicia en este caso está en tela de juicio, consideró la diputada federal Mariana Dunyaska García (PAN).
Dijo que dadas las acciones que rodean al senador, quien tuvo que huir del país por las acusaciones en su contra de corrupción, pero que regresó protegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “pues pareciera que todo tiene que ver con acuerdos por debajo de la mesa, en los cuales ha habido beneficio político, económico y electoral, lo cual es muy delicado”.
García consideró que ojalá se pudiera hacer un ejercicio de justicia y transparencia, y resarcir el daño a quienes han sido afectados.
La legisladora agregó que también la FGR debería actuar a la altura, porque no se han vinculado los actos de supuesta corrupción y el castigo que merecen los implicados, particularmente contra los miembros de la 4T.
Manifestó que es previsible que Gómez Urrutia inicie alguna estrategia para decir que ya prescribió su responsabilidad, o que no es la vía, “o cualquier mecanismo de dilación necesarios y eso es lo preocupante, que no se está haciendo una verdadera lucha contra la corrupción en el país”, sentenció la diputada.
Gómez Urrutia evadió durante 15 años la resolución por la cual se le obliga a él o al SNTMMSRM al pago a extrabajadores mineros de un fideicomiso que desapareció, y cuyo monto equivale aproximadamente a mil millones de pesos.
LEG