Los abogados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que dirige el senador Napoleón Gómez Urrutia, negaron que exista un laudo condenatorio en su contra por el que tenga que pagar 54 millones de dólares a los trabajadores mineros.
De acuerdo con el abogado Mario Muñoz Ortega Saavedra, del Bufete de Buen, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje actuó “en forma bastante ilegal y corrupta”, pues explicó que, a pesar de tener 25 expedientes acumulados y dictar un laudo sobre ellos, la Junta dictó un laudo únicamente a 21 expedientes.
Según el abogado, en los cuatro expedientes restantes “obran constancias de que el sindicato, sin tener la obligación de ello, ya pagó más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores, entonces, la intención de la Junta era dictar un laudo con la cifra de 54 millones, no obstante que ya quedó acreditado el pago de más de 23 millones de dólares”.
El equipo jurídico del Sindicato Minero consideró que el laudo “escandaloso” es una venganza de la presidenta de la Junta, María Eugenia Navarrete Rodríguez, “quien llegó a ese puesto por la recomendación de Arturo Alcalde Justiniani, y le hace el trabajo sucio a la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde”.
Ante ello, la JFCA negó haber actuado de forma parcial sobre los asuntos de la Mina de Cananea, tal como acusó el Sindicato Minero.
Recordó que el conflicto tiene origen a partir de la privatización de la mina en donde se entregaron 55 millones de dólares, que corresponden al valor del 5% de las acciones de la empresa.
Y el tema de fondo ha consistido en determinar quién es el propietario de los recursos: el sindicato o los trabajadores. El sindicato ha sostenido ser el propietario de los recursos y, por otro lado, los trabajadores han reclamado que les corresponde la entrega de los mismos.
Ante ello, un grupo de los trabajadores fueron a juicio por no haber recibido cantidad alguna y otros por haber recibido sólo una parte. “Después de 15 años de litigio, los tribunales de amparo han sostenido que los recursos son propiedad de los trabajadores”.
De esa manera, la JFCA asegura que el laudo recién emitido da cumplimiento a los lineamientos establecidos por los tribunales de amparo a los que está obligada a sujetarse, de no hacerlo así, incurriría en responsabilidad penal y administrativa.
Hay que recordar que ante esta denuncia, el líder del los mineros decidió irse a Canadá y regresó a México sólo cuando Morena le dio una senaduría por la vía plurinominal, lo que le ha permitido tener fuero.
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