Desde una camioneta, Bernardino Sánchez, líder de una autodefensa campesina, lanza arengas que condensan el grito desesperado de Ayahualtempa, una comunidad del sur de México atrapada entre el abandono estatal y el acoso de narcotraficantes.

“¡Vivan las compañeras viudas! ¡Vivan los niños huérfanos! ¡Vivan los compañeros desplazados! ¡Vivan nuestros hermanos caídos!”, grita Sánchez, mientras avanza por caminos de tierra de esta población del estado de Guerrero.

Le siguen una treintena de niños de seis a 12 años con rifles de madera o varas que simulan ser armas, luego de entrenar posiciones de combate en un polideportivo.

Cubriéndose el rostro con pañoletas, los menores responden con vivas a las proclamas de Sánchez y otros líderes de la policía comunitaria, un cuerpo legal creado para proteger a los moradores.

Desde hace algunos años, Ayahualtempa, de unos mil habitantes, está en la mira de una banda conocida como Los Ardillos por hallarse en una zona clave para la producción y tráfico de goma de opio, materia prima de la heroína.

Los pobladores claman protección para detener los asesinatos, secuestros y desapariciones atribuidos a ese grupo que, según ellos, busca extender sus actividades a esta comunidad dedicada al cultivo de frijol y maíz.

Al menos nueve lugareños han sido asesinados desde 2019, pero sus llamados no han tenido eco, denuncian.

“Llevamos 15 meses desde que el Gobierno se vino a comprometer aquí (…) a apoyar. Hasta el momento no hemos visto ningún apoyo”, dijo Sánchez a la AFP.

Violencia y pobreza

Detrás de los niños caminan los adultos de la autodefensa con rifles y pistolas, en una escena ya mostrada un año atrás para llamar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los campesinos exigen ayudas para las víctimas de la violencia, además de aulas y maestros.

“Queremos que el Presidente venga y vea la comunidad”, afirma Sánchez, tras una práctica de tiro de jóvenes de 16 y 17 años, al tiempo que rechaza las críticas del mandatario cuando se conocieron las primeras imágenes de niños armados en 2020.

López Obrador tildó ese acto de “prepotente” y de “vergüenza”.

Guerrero es el tercer estado más violento de México. Allí ocurrieron mil 434 de los 34 mil 552 homicidios registrados en el país en 2020 (27% 100 mil habitantes).

También es el segundo con más pobreza, con 66.5% de habitantes en esta condición.

En ese marco y como parte de la autonomía de los pueblos indígenas, grupos como el de Sánchez han proliferado en Guerrero desde la década de los noventa y recientemente en el vecino Michoacán.

El Presidente sostiene que la violencia y el empobrecimiento en este país de 126 millones de habitantes es fruto de la corrupción de sus antecesores, y que intenta resolver el problema con una inversión en programas sociales que superó los 14 mil millones de dólares en 2020.

Armas por aulas

Aunque admite que exhibir a los menores es una forma de captar la atención de las autoridades, Sánchez enfatiza que su adiestramiento es real y busca enseñarles a defenderse de los criminales.

Chayo, de 17 años, se enroló en la policía comunitaria a los 15.

“Los Ardillos secuestraron a mis seres queridos, y si en los caminos vas desarmado, pues te secuestran (…) Si uno va a la escuela, lo desaparecen; por eso es que los niños ya no pudieron estudiar más”, asegura, con fusil al hombro.

Luis, de 13 años, abandonó la escuela, y ahora, además de patrullar, ayuda a sus padres en la siembra.

“Nuestros papás nos dijeron que ya no hay que seguir estudiando porque nos iban a agarrar (los delincuentes). Ya entramos (a la autodefensa) y no tenemos otra salida”, justifica, con una vara que le dieron para el entrenamiento, ante la mirada de amigos.

Mientras la policía comunitaria espera respuestas del gobierno y busca que más menores se enlisten, Luis se concentra en aprender a “tirar bien”; otros se preparan para lo que venga.

“Estoy dispuesto a entregar mi vida por mi pueblo, por mi familia, si fuera necesario”, advierte Chayo.

 

LEG