Varias de las reformas que son pilares para consolidar lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denominado la cuarta transformación del país, están detenidas o se prevé que lo estén por la vía judicial.
Entre las que están actualmente suspendidas por amparos son la reforma a Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos para que nadie gane más que el Presidente y la Ley de la Industria Eléctrica que protege a la CFE.
Además, se prevén también amparos por la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones recientemente remitida al Ejecutivo para su publicación, y lo mismo han advertido que pasará con los cambios que regula la subcontratación laboral y los previstos en la Ley de Hidrocarburos que ya fueron aprobados en San Lázaro y enviadas al Senado para su ratificación.
El primer caso se dio prácticamente al arranque de la actual administración, cuando el 6 de noviembre de 2018 fue publicada la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos y miles de funcionarios, principalmente del mismo Sistema Judicial, así como de organismos autónomos interpusieron amparos por la reducción de sus salarios.
Entre los servidores públicos que interpusieron amparos figuraron trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
Finalmente, ante la avalancha de amparos, el 7 de diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de esta ley luego de que se admitiera a trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición.
Pero los senadores no fueron los únicos que promovieron la inconstitucional de esta reforma, pues también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la acción.
Corta vida
En el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, más tardó la Cámara de Diputados en emitir un dictamen y aprobar la iniciativa del Presidente, que los afectados por las modificaciones en lograr una suspensión definitiva.
El 1 de febrero fue recibida la propuesta de López Obrador y el 24 se aprobó para ser enviada al Senado, que a su vez la votó a favor el 3 de marzo y se publicó el día 9.
Es decir, pasaron 37 días desde que se recibió en San Lázaro hasta que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los inconformes con ella obtuvieron la suspensión definitiva en diez días.
Para las reformas a diversas leyes y el Código Fiscal de la Federación con el que pretende regular la subcontratación laboral, el diputado federal Carlos Pavón (PRI), quien a su vez es secretario general del Sindicato Nacional Minero, Metalúrgico FRENTE, con 18 mil agremiados, adelantó que una vez publicadas las modificaciones en el DOF, interpondrán amparos por la inconstitucionalidad de las mismas.
En la sesión del Senado donde Morena y aliados aprobaron la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que creará un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el cual exigirá los datos biométricos de cada persona, la oposición sólo les advirtió: “nos vemos en la Corte”, pues promoverán acciones de inconstitucionalidad una vez que sea publicada.
El llamado bloque de contención en la Cámara alta integrado por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD, lograron juntar 43 firmas para interponer también acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN por la creación de la figura de los superdelegados y las comisiones presidenciales, por considerar que están en contra del pacto federal y la división de poderes.
También impugnaron ante la Corte el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se deslinda CJF
El Consejo de la Judicatura Federal negó haber participado en la redacción o haber solicitado la inclusión del artículo transitorio por el que los senadores determinaron ampliar el plazo del mandato de su presidente, el ministro Arturo Zaldívar y de los consejeros, dos años más.
LEG