Vaya golpe dieron los senadores de Morena y sus aliados legislativos al Poder Judicial, luego de ampliar dos años más el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien también es el presidente de la Judicatura Federal.
Este albazo representa la garantía para que las obras de infraestructura y leyes emblemáticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador puedan entrar en vigor, ya que al menos una decena de proyectos y normativas se encuentran controvertidas ante la Suprema Corte y algunas, como las reformas a la industria eléctrica, están detenidas por amparos solicitados y concedidos.
Es decir, mantener a Zaldívar hasta el final de su mandato permitirá a López Obrador tener un aliado que, sin importar la división de poderes, le ayude a consolidar su proyecto a pesar de las violaciones sistemáticas a la Constitución.
Aunque en esta ocasión, Morena también tuvo el apoyo del PRI, PAN y PRD para atestar el golpe interno a la Corte, aunque luego se dijeron sorprendidos. Nada más falso.
No puedes sorprender a quienes tienen la obligación -dos veces a la semana- de atender la sesión del Senado, por lo que reciben un salario de 125 mil pesos mensuales; sin embargo, la modalidad virtual les ha permitido a los senadores no estar pendientes y atender llamadas telefónicas, votar desde sus autos, desde lugares públicos, incluso desde aviones. Es más, algunos senadores del PAN y Morena prefieren ahorrarse la fatiga y en lugar de votar de viva voz, han decidido poner una grabación para dar su voto a favor o en contra de los proyectos.
Sin embargo, esto no exime a la denominada 4T de su falta de experiencia y desaseo en la práctica parlamentaria; y se decían diferentes.
Violación de procedimientos, normas contrapuestas, leyes secundarias intentando pasar por alto la Constitución, son algunas razones por las que senadores de oposición, gobernadores y en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, decidieron acudir al máximo tribunal del país con la confianza plena en la división de poderes.
La decisión quedará una vez más en la Corte, en la prudencia, dignidad y ética del ministro Zaldívar, quien podría renunciar a este beneficio y asumir las consecuencias, lo que se antoja difícil.
En 2006, en medio de su coraje y frustración por haber perdido la Presidencia de México frente a Felipe Calderón, López Obrador mandó al diablo a las instituciones, ahora con el ataque a los órganos autónomos, la mordaza puesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la embestida al INE y la alianza con la Corte, ha demostrado su falta de respeto no sólo a las instituciones, sino a la democracia y gobernabilidad en el país.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
Al gastar casi 100 millones de pesos en ciberseguridad, el Senado de la República reconoce la importancia de cuidar los datos de sus senadores y personal de ataques piratas, entonces, ¿por qué no otorgó ni un peso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para cuidar los datos biométricos de 122 millones de mexicanos que deberán registrarse en el nuevo padrón de telefonía móvil?
@aguilarkarina