Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones adquirió notoriedad a partir los amparos que concedió en contra de la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Previo a esto, sus datos públicos eran básicos: el Consejo de la Judicatura reporta que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la que se tituló en 2005. Tiene 38 años.
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Ingresó al Poder Judicial de la Federación el 1 de junio de 2002, y ha sido Oficial Judicial, Actuario Judicial, Secretario de Juzgado, Secretario de Tribunal y Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde 2015 es juez de Distrito en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Pero, desde el 19 marzo, Gómez Fierro se colocó en la mira presidencial cuando otorgó una suspensión indefinida contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Días antes había encendido las alertas en Palacio Nacional, cuando otorgó los primeros amparos.
El 22 de marzo otorgó nueve suspensiones definitivas -con lo que sumaron 12 en total-, en contra de la mencionada ley, todo en aras de proteger los derechos a la libre competencia.
En su fallo, el juzgador señaló que los cambios a la ley desincentivarían la producción de energías limpias.
La suspensión tuvo efectos generales en la industria pese a que las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana fueron las que obtuvieron las primeras suspensiones provisionales.
La respuesta presidencial a su decisión fue que se acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para combatir los amparos.
Además, desde “la mañanera”, López Obrador anunció que pediría al CJF una investigación contra los jueces que dieron amparos contra la reforma energética, a fin de revisar que no respondan a intereses particulares y extranjeros.
Incluso, trascendió que desde la presidencia de la Cámara de Diputados se interpuso una “queja procesal” ante el juez Gómez Fierro.
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Ese mismo 22 de marzo, Diego García-Sayán, relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados escribió en su cuenta de Twitter (@UNIndepJudges):
“El juez Juan Pablo Gómez Fierro no debe ser investigado por sus decisiones judiciales. Celebro el anuncio del Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar en ese sentido”.
El 24 de marzo, un Tribunal federal desechó la queja que la Presidencia interpuso -vía la Secretaría de Energía- contra las suspensiones otorgadas por Juan Pablo Gómez -11 de marzo-.
“Resolución. Único. Queda sin materia el presente recurso de queja”, señaló el acuerdo publicado con respecto a las quejas 108/2021 y 112/2021.
El 26 de marzo, circuló en redes sociales un video en el que se denunciaba supuestas propiedades no declaradas del juez, Juan Pablo Gómez Fierro. Era falso.
Para el 27 de marzo, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier informaba que:
“La suspensión definitiva de la Ley de la Industria Eléctrica afecta el proceso legislativo que llevó a cabo la @Mx_Diputados, por lo que hoy se interpuso un recurso de revisión. La decisión del Juez transgrede la Ley de Amparo y genera perjuicio al interés social”, señaló en su cuenta de Twitter.
Este 20 de abril, el juzgador otorgó el primer amparo a un particular, contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), contenido en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual solicita a los usuarios datos biométricos para el registro de teléfonos celulares.
La suspensión fue otorgada dentro del expediente 271/2021.
La audiencia incidental se fijó para el 27 de abril para resolver si se concede o no la suspensión definitiva.
LV