El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México.
La nueva legislación reconoce a la actividad periodística de interés público tutelada y protegida por el estado y los municipios, crea un Mecanismo de Protección Integral y establece una pena máxima de 25 años de prisión en contra de quien asesine a una persona en ejercicio de la actividad periodística o defensora de derechos humanos.
Los legisladores señalaron que hoy “los periodistas realizan su labor en condiciones de alto riesgo y sin protección, y son víctimas de violencia institucional cuando afectan intereses de los poderosos”.
“A nadie escapa que en México el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión son los actos de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas y demás personas que trabajan en medios de comunicación, tanto así que en muchas ocasiones la autocensura se convierte en la alternativa para que salvaguarden no sólo su integridad personal, sino también su vida”, sostuvo la diputada Azucena Cisneros.
Precisó que el nuevo marco jurídico busca garantizar los derechos de los periodistas, su libre expresión y evitar obstáculos que dificulten su desempeño, pues ejercen un papel fundamental en el derecho al acceso a la información pública, a la verdad y a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RFS), en su informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 posiciona a México como una de las naciones más peligrosos para ejercer el periodismo, en donde se le otorga el lugar 143 de 180 países analizados y, además, una puntuación de 45.5, sobre una calificación de 100.
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