Con 65 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, el Senado de la República aprobó, en lo general, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la que se otorga preferencia a las empresas del Estado en la distribución y procesamiento de hidrocarburos y deja en desventaja a los privados, además de establecer el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, cuando así lo determine la autoridad.
A pesar de la advertencia de la oposición y de senadores del PT y PVEM de que estas reformas a la Ley de Hidrocarburos serán controvertidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser inconstitucional, la mayoría de Morena dio su aval a la iniciativa del primer mandatario, sin cambio alguno a la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
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De esta manera, se faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a realizar la ocupación temporal y/o la intervención de instalaciones de comercialización o almacenamiento de combustibles, a fin de garantizar los derechos de la nación.
Además, establece la cancelación de permisos a las empresas expendedoras de gasolinas, que vendan combustibles robados o de contrabando.
Se prevé la suspensión de permisos a los privados, a fin de garantizar los intereses de la nación o cuando se prevea un “peligro inminente para la seguridad nacional”, la seguridad energética o para la economía nacional.
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Para el otorgamiento de permisos, los privados deberán demostrar, cuando así sea requerido por otra disposición jurídica, la capacidad de almacenamiento legalmente establecida; y se impone un almacenamiento “mínimo” de petrolíferos a las empresas participantes.
Igualmente, la reforma evita que por el transcurso del tiempo, se ceda un permiso para llevar a cabo las actividades del sector energético a algún agente que pudiera no estar calificado para ello.
FF