Las reformas en materia de subcontratación aprobadas en el Congreso de la Unión son una muestra de cómo la Cuarta Transformación madura y continúa haciendo historia por la vía institucional, de manera pacífica y consensuada.
El Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha retomado la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, y ha logrado, mediante la cooperación interinstitucional y el respaldo de los sectores obrero y empresarial, hacer cambios que benefician directamente a la clase trabajadora de México, como: 1) el aumento del salario mínimo general, de 88.36 pesos diarios, en 2018, a 141.7, para este 2021; 2) el reconocimiento del derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, y 3) las reformas al sistema de justicia laboral, para mediar las relaciones obrero-patronales.
Que la reforma en materia de subcontratación se haya aprobado sin votos en contra en el Senado de la República implica que todas las fuerzas políticas reconocen la importancia de restituir derechos de la clase trabajadora, como los de antigüedad, estabilidad en el empleo y pago por reparto de utilidades, que fueron vulnerados por la reforma laboral de 2012.
Aquella reforma fue una de las llamadas estructurales, y a partir de ella proliferaron prácticas de simulación que han afectado también la hacienda pública por miles de millones de pesos al año, lo que a su vez genera desequilibrios en la competitividad económica.
La reforma recién aprobada es profunda y fue elaborada y discutida con mucha responsabilidad, ya que contempla cambios a ocho ordenamientos, como la Ley Federal del Trabajo (LFT), la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y las del IVA y el ISR.
En la LFT quedó textualmente prohibida la subcontratación de personal, es decir, que una persona ponga a disposición trabajadoras y trabajadores propios en beneficio de otra, aunque se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas bajo ciertas condiciones, como la inscripción en el registro público de la contratista y la formalización de un contrato escrito que estipule los servicios u obras por ejecutar, así como el número aproximado de quienes participarán.
Asimismo, para salvaguardar derechos laborales y garantizar el cumplimiento de obligaciones patronales, quedó establecida la responsabilidad solidaria de la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadoras y trabajadores, por lo que el contratista deberá hacer entrega al contratante de copia de los comprobantes fiscales de pago de salarios relativos al servicio o la obra; del pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Estas medidas, que son parte fundamental del proyecto de transformación y solventan la omisión legislativa y una deuda moral con la clase trabajadora, se reforzarán con multas para quienes continúen la práctica de subcontratación de personal u ofrezcan servicios de subcontratación de servicios especializados sin contar con el registro requerido, por montos de entre 2 mil y 50 mil UMAS, equivalente a, aproximadamente, entre 180 mil y 4 millones y medio de pesos.
Esta aprobación histórica es un indicio más de que lo viejo, representado por la corrupción, la simulación y la precarización del trabajo, debe terminar de morir, para que lo nuevo termine de nacer.
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