Porque no solo contraviene lo dispuestos en la Constitución, sino que compromete la independencia de Poder Judicial, los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados, (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) anunciaron, en un comunicado conjunto, que promoverán acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocido como “Ley Zaldívar“.
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Aseveraron que están convencidos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) compartirán la convicción de hacer valer la Constitución de la República y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia.
Recordaron que la aprobación en el Congreso de la Unión de este polémico artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía por dos años la presidencia de la SCJN, y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, no sólo contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución Política, sino que, adicionalmente, compromete la independencia del Poder Judicial.
Enfatizaron que este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo Federal, subyugar en la vía de los hechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos, requiere de autonomía e independencia.
“El Poder Judicial debe contribuir decididamente en la generación de las condiciones que hagan efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución proclama, para reforzar el Estado social y democrático de Derecho y la Defensa de los Derechos Humanos.
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“Por ello, debemos impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de las y los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y procurar la expansión de su legitimación democrática por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos, y no atacarlos un día sí y al otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales”, exigieron.
Puntualizaron que desde el Poder Legislativo se debe favorecer el control democrático del Poder Judicial, involucrando a la opinión pública, a la academia y asegurar el principio de transparencia en las actuaciones y prácticas procesales, facilitando el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, “porque no es posible una democracia sin un poder judicial independiente que permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa”.