La respuesta que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al regalazo que le dio el Congreso, decepcionó a propios y extraños.
Se esperaba que el magistrado dijera “gracias pero no gracias’’, pero salió con una cantinfleada que exhibió su disposición a quedarse dos años más en la presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura, a pesar de que concluye su periodo como ministro de la Corte el 30 de diciembre de 2024, es decir, un mes antes de que se cumplan los 24 meses de extensión de su gestión.
Salvo la muy particular interpretación de la Constitución que hicieron los legisladores de Morena y sus rémoras, sólo el jefe del Ejecutivo considera constitucional la extensión del mandato de Zaldívar, justificada con un pretexto, que no argumento, que no aguanta el mejor análisis jurídico:
“Sin Zaldívar no se puede concretar la reforma al poder judicial’’.
La premisa es falsa; implica que el resto de los ministros o son incapaces o son corruptos.
El favoritismo lopezobradorista por Zaldívar pone a la Corte no solo como empleada del Ejecutivo, sino en un dilema ético.
Diez magistrados deberán resolver las previsibles controversias constitucionales que promoverán los partidos de oposición y organizaciones civiles, temerosos de las consecuencias para el Estado de Derecho que la eventual sumisión del Poder Judicial a las órdenes del Ejecutivo.
Ocho de esos 10 deberán votar en contra de la manzana envenenada que el Congreso le regaló al ministro presidente.
Según las cuentas que se han realizado en los últimos días, considerando el perfil de cada magistrado, por lo menos hay seis votos seguros en contra del NO, insuficientes para detener las pretensiones presidenciales de ambos poderes.
Los especialistas en derechos y buena parte de la población esperaban un tajante NO de Zaldívar, pero salió con que “se pondría en las manos de la Corte’’, un eufemismo para decir que sí quiere aunque en el lance se lleve en la suela de los zapatos la credibilidad del Poder Judicial.
Ese que dice querer transformar.
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Quienes defendieron a priori al diputado de Morena Saúl Huerta, acusado de agresión sexual a un menor, deberán tragarse sus palabras o borrarlas de las redes sociales.
Resulta que el fin de semana se sumaron dos denuncias penales más en contra del legislador que se dijo “víctima de un chantaje’’ interpuestas por dos jóvenes que fueron engañados con el señuelo de un trabajo.
Dadas las pruebas, hasta Mario Delgado pidió que le fueran suspendidos sus derechos partidistas -uy, ha de estar bien preocupado-, en tanto que la Fiscalía de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, integra un expediente que terminará con la solicitud de desafuero para que el poblano enfrente la justicia.
Claro, si el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, le da trámite al asunto.
Ya ve que cuando le preguntaron su opinión sobre la primera denuncia en contra de su amigo, dijo que él no opinaba sobre cuestiones de la vida privada de nadie.
Ajá.
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Con singular alegría, la candidata del PRI a la gubernatura de Zacatecas, Claudia Anaya, se sumó a la campaña #Unmanoseadornoseragobernador.
Seguro ganará algunos puntos en las preferencias electorales, pero la verdad se extraña que esa enjundia no la haya puesto en otros temas de género que igualmente se debatieron en el Senado.
Se le llama oportunismo y es una enfermedad muy común en estos tiempos, como si fuera un Covid político.
LEG