El Senado de la República, aprobó la expedición de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas de corrupción, en Materia de Contratación de Publicidad, que busca promover la transparencia en el mercado de la publicidad y la prevención y combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y los consumidores.
De acuerdo con el dictamen aprobado y enviado a la Cámara de Diputados, la ley será aplicable a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos, cualquiera que sea el nombre o denominación que se le dé, que se celebren entre dos o más de los agentes económicos.
Destaca que “una agencia no puede adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior venta a un anunciante” y no puede prestar servicios de manera simultánea a anunciantes y medios de comunicación.
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Ante ello, la senadora del PT, Nancy de la Sierra, explicó que esta disposición “imposibilitaría a las agencias manejar sus inventarios y eficientar las campañas publicitarias que les sean requeridas, perdiendo la capacidad de ofrecer opciones de calidad para sus anunciantes”.
La iniciativa fue votada en contra por la oposición, bajo el argumento de haberse aprobado a través de un desaseado proceso en comisiones.
“La prohibición que se propone para que las agencias no adquieran espacios publicitarios por cuenta propia, puede atentar también contra la libertad de comercio que garantiza la Constitución”, advirtió la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.
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Destacó que, la obligación de la agencia de informar por escrito al anunciante de sus relaciones financieras o el grupo económico al que pertenece, o bien que tiene con él o los medios que pretende contratar, “viola la confidencialidad de las relaciones financieras que solo pueden ser accesibles por resolución jurisdiccional. Un cúmulo de posibles violaciones a la Constitución”.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se impondrá una multa de hasta 8% por ciento de sus ingresos a quien viole la Ley.
Además, se propone que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sea la autoridad competente responsable de sustanciar y procesar las denuncias derivadas de posibles violaciones a las disposiciones de esta ley.