Basta con recorrer municipios de Veracruz, Estado de México o Michoacán, por citar algunos estados, para corroborar el peso y la influencia que ejerce el crimen organizado en la vida pública en distintas regiones del país. Esta omnipresencia se refleja en crecientes actos de intimidación, como lo refiere la consultora Etellekt en su Cuarto Informe de Violencia Política en México.

 

De acuerdo con el estudio realizado por esta casa dedicada al análisis de riesgo y la comunicación estratégica, el proceso electoral en el que estamos inmersos ha sido el segundo más violento desde 2000, cuando se inició la contabilidad de agresiones y ejecuciones a aspirantes a cargos de elección popular.

 

Los datos que arroja el citado análisis indican que, desde el pasado mes de septiembre a la fecha, se han registrado 443 agresiones en contra de candidatos o servidores públicos en el marco de la contienda. Se trata de 174 amenazas, 79 homicidios dolosos, 34 infracciones contra la integridad, 31 robos, 27 atentados contra familiares y 25 secuestros.

 

Más allá de los números, lo que Etellekt pone de manifiesto es la capacidad que han desarrollado distintos grupos delictivos -de mayor o menor tamaño- para cooptar a los gobiernos locales y hacerse así del control de los aparatos de seguridad, además de obtener los contratos de obra pública.

 

Para alcanzar este fin, la delincuencia participa, a su manera, en los procesos electorales. En muchas ocasiones, los candidatos deben contar con la aprobación de estos grupos. Quienes no les garantizan el control de la seguridad o la designación de ciertos funcionarios son intimidados, amenazados o ejecutados.

 

Como lo advierte la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sandra Ley, “el objetivo último de estos ataques es el establecimiento de regímenes de gobernanza criminal a través de los cuales los grupos delictivos organizados tienen la capacidad de ejercer control sobre los gobiernos, las economías y las poblaciones locales”.

 

“En este caso, el asesinato de alcaldes y candidatos ha permitido a los cárteles infiltrarse en campañas locales, capturar gobiernos municipales, controlar el aparato de seguridad municipal e incluso regular la actividad económica”, apunta la investigadora en un estudio denominado Violencia criminal y procesos electorales locales.

 

Como lo advierte Ley en su texto, la crisis de seguridad que se vive en los municipios más afectados por la criminalidad, más allá de significar un fracaso del Estado en su conjunto (de hoy y de antes) en el combate a la inseguridad, es un golpe a la vilipendiada democracia mexicana.

 

El clima de terror que se vive en muchas regiones del país inhibe la participación ciudadana, resta certeza a los procesos electorales y reduce legitimidad a los gobiernos surgidos de las urnas. Nada que no se conozca y que, análisis tras análisis, vuelve a recordarnos la realidad en que vivimos.

 

Segundo tercio.  Habría que echarle un ojo a lo que sucede en Colombia, particularmente en Cali. Las protestas y enfrentamientos que han arrojado decenas de muertos no son más que el resultado de una perversa mezcla de pobreza, descontento social y abusos del crimen organizado.

 

Tercer tercio.  México planteará a Estados Unidos la necesaria reapertura de fronteras. 


@EdelRio70