Aún es temprano para saber las consecuencias que traerá para el proceso electoral de Nuevo León la decisión de la Fiscalía General de la República de abrir sendas indagatorias en contra de Adrián de la Garza y Samuel García, candidatos a la gubernatura por la alianza PRI-PRD y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Lo cierto es que, en el caso del abanderado priista, surgen más dudas que respuestas en lo que al fondo del asunto se refiere.

El objeto en cuestión es la Tarjeta Regia. Se trata de una propuesta de campaña del hoy candidato a gobernador cuyo origen se remonta a 2018 cuando fungía como aspirante a la alcaldía de Monterrey, que consistió en la creación de un programa social destinado a las mujeres en situación de vulnerabilidad a través de una tarjeta en la que sería depositada una cantidad determinada.

En tiempos de campaña, esta propuesta implicaba la distribución de una tarjeta de cartón que simulaba lo que sería el plástico una vez creado el programa.

Como candidato a gobernador, De la Garza busca elevar la experiencia del municipio de Monterrey a nivel estatal, por lo que ha incorporado la propuesta y ha repetido el mismo escenario que en la contienda de 2018.

En ese entonces, la propuesta electoral fue impugnada por el Partido Acción Nacional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su sala regional, se pronunció en 2019 respecto a este caso y sentó las bases para aclarar aquella propuesta de programa social, que hoy tiene una réplica en la contienda para gobernador.

El TEPJF sostuvo: “El tribunal local correctamente determinó que la tarjeta regia contiene una promesa de campaña, que no constituyó la entrega u oferta de un beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato ni de un bien o un servicio, puesto que la investigación llevada a cabo no arrojó datos que acreditaran que la forma de entrega y distribución de la propaganda electoral llevaran consigo algún beneficio incorporado de manera simultánea”.

De acuerdo con la primera comunicación de la FGR, el caso de Adrián de la Garza ameritaría la aplicación del artículo 19 de la Constitución, “que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales”.

Lo que quizá no haya sido tomado en cuenta es que, en el escenario de la propuesta de Tarjeta Regia para el estado de Nuevo León, no se trata de un programa social existente sino de un compromiso de campaña, por lo que difícilmente podría aplicarse lo que la fiscalía advierte.

En todo caso, el golpe al proceso electoral de Nuevo León ha sido contundente y, a todas luces, innecesario. Es el inicio de un largo capítulo cuyas consecuencias están aún por verse. Tristes días para la vilipendiada democracia mexicana.

Segundo tercio. El tribunal ha sido muy claro: “La sola entrega del volante que contenía impresa la tarjeta no puede considerarse coacción del sufragio”.

Tercer tercio. La gran perdedora de esta triste historia sigue siendo la candidata de Morena al Gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores. No habrá jugada ni alquimia que la mueva del tercer sitio en el que se encuentra. 

@EdelRio70