El candidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián De la Garza, se reunió ayer en Washington D.C, con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para denunciar “la situación de gravedad que representa atentar contra la democracia y las libertades de nuestro país”.
A un día de que la Fiscalía General de la República diera a conocer que inició una investigación en su contra, por presuntos delitos electorales al prometer la entrega de una tarjeta para apoyar a mujeres y adultos mayores en caso de ganar la contienda, el candidato del PRI y PRD acudió a capital de Estados Unidos para sostener diversas reuniones, entre ellas con el líder de la OEA.
De la Garza fue señalado en más de dos ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia por la presunta entrega de una tarjeta de apoyo a mujeres.
Mediante un video afuera de la OEA, De la Garza señaló que expuso a Almagro “la grave situación de lo que está pasando, no nada más en Nuevo León, sino en México. Hoy no vengo por el tema de la elección de Nuevo León, creo que es más grande nuestro interés, que es la democracia en México, lo que está pasando en México es grave para todos nosotros, atenta contra nuestras libertades”, alertó.
Sin dar nombres y acompañado de su asesor económico, Idelfonso Guajardo, exsecretario de Economía, el candidato consideró que, lo que ha estado pasando en México, “viola cartas fundamentales de democracia interamericana que ya está en documentos”.
En tanto, Almagro informó a través de su cuenta de Twitter de la reunión que tuvo con el candidato a la gubernatura de Nuevo León, con quien dijo, conversó sobre democracia, derechos humanos y seguridad.
“Me reuní hoy con Adrián De la Garza, con quien conversamos sobre democracia, DDHH, seguridad, desarrollo y procesos electorales”, refirió el secretario General de la OEA.
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Y perfilan en redes
Sobre el tema de las tarjetas de apoyo a las mujeres que prometen diversos candidatos, ayer el consejero electoral Ciro Murayama dijo que si éstas “no tienen dinero son propaganda, pero no viola la legalidad”.
Ante ello, el presidente de Morena, Mario Delgado, le pidió que deje de prejuzgar una investigación en curso, “en un asunto que no es de su competencia, deje de mostrar su parcialidad y dedíquese a asuntos que sí le competen, como el fraude electoral”.
– Mire Mario, cité al @TEPJF_informa que validó la entrega de tarjetas en 2017- reviró, “comprar o coaccionar el voto es delito, punto. Entregar propaganda en forma de tarjetas, sin condicionar por ello el sufragio, ha sido validado por el TEPJF”, respondió el consejero electoral.
Ratifican reglas de programas sociales
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual emitió lineamientos para reforzar los mecanismos que puedan prevenir violaciones a los principios de equidad e imparcialidad.
Lo anterior al considerar que sí tienen facultades para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales y sus recursos.
El 21 de diciembre pasado, el INE determinó la necesidad de establecer los parámetros que le permitan contar con reglas y principios claros y que delimiten el actuar de los actores políticos en lo referente a los programas sociales y el uso de estos recursos, a fin de dar certeza en el proceso electoral que se lleva a cabo.
El acuerdo del INE establece que la entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector.
Dicha resolución fue impugnada por Morena al considerar que el INE violó el principio de legalidad, pues carece de facultades constitucionales y legales para aprobar estos mecanismos, toda vez que esa tarea le pertenece exclusivamente al Poder Legislativo.
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