La diputada federal del PRI, Laura Isabel Hernández Pichardo, solicitó a la Comisión Permanente haga un exhorto a los Congresos estatales para que regularicen, fortalezcan y armonicen la legislación en materia de protección a víctimas indirectas del feminicidio.
A través de un punto de acuerdo, también pidió que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) hagan públicos los avances del protocolo nacional de ayuda a menores de edad en condiciones de orfandad por el delito de feminicidio.
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“Es urgente que las instituciones del Estado garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes cometidos contra mujeres; conocer el progreso del protocolo de atención integral a los huérfanos del feminicidio; e invitar a los Congresos locales a que adopten dicho protocolo e implementen medidas legislativas para salvaguardar los derechos de los menores en situación de orfandad”, reclamó.
La legisladora pidió no olvidar que muchas mujeres madres de familia son el único sustento económico de su hogar, esenciales para continuar el desarrollo de sus hijos en los distintos ámbitos, como educativo, social y familiar; por ello, alertó que es preocupante que en 18 entidades federativas las leyes locales no prevean la protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio.
Lamentó también que no exista un censo que revele el número exacto de menores sin padres como resultado colateral de la violencia contra las mujeres; en 2019, Inmujeres reportó que en 26 estados inscribió a 796 huérfanos por el delito de feminicidio y en 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó tres mil 723 asesinatos de mujeres, pero reconoció que sólo 969 fueron investigados como feminicidios, a pesar de que la estadística indica al menos 10 muertes de mujeres por día, lo que representa decenas de familias destruidas.
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Hernández Pichardo evidenció que México se ha enfrentado a la violencia de género en 2019, 2020 y 2021 con el “Ya chole” del Ejecutivo Federal, y la disminución o desaparición de programas de protección para la seguridad de las mujeres, aunado a ello, una pandemia que vulneró aún más a las féminas que sufren violencia o bien la enfermedad por Covid-19, que terminó con la vida de muchas madres jefas de familia.
EAM