Una reforma puede cambiar el rumbo de un país y hoy Colombia es prueba de ello. Iván Duque, presidente de la nación sudamericana, lanzó una reforma tributaria a finales de abril, en la cual se planteaba el gravamen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios públicos de estratos más altos, así como ampliar la base tributaria.
Ese proyecto resultaría en la ampliación del estatuto tributario para tener más contribuyentes. Se reduciría el monto mínimo para que los ciudadanos colombianos debieran declarar sus impuestos ante las autoridades; así como cobrar el IVA del 19% a servicios públicos como la energía, acueducto, alcantarillado y gas domiciliarios para usuarios de los estratos 4, 5 y 6 (clase media, media alta y alta).
Esta reforma, sumada a la evidente crisis provocada por la pandemia del Covid-19, sacó de sus casas al pueblo colombiano, que rápidamente exigió la cancelación del plan tributario. Ante el movimiento de la ciudadanía, Duque retiró la propuesta en un intento de apaciguar una llama que ya había explotado ante la brutalidad policial exhibida durante las protestas.
Ahora, el Presidente tiene que enfrentar el poder de una colectividad que demanda más allá del “error” inicial, pues se encuentra ante señalamientos que afirman que su Gobierno no ha estado bien desde el principio. Entre las peticiones del pueblo colombiano se encuentra: la defensa de la producción nacional en el sector agropecuario, artesanal y campesina; el fortalecimiento de una vacunación que beneficie al pueblo y no a las empresas; un “no” publico hacia las privatizaciones y el respeto y no discriminación por género, diversidad sexual o étnica.
Las protestas siguen, se han reportado 42 bajas civiles, un número incierto de desaparecidos y una constante cobertura en redes sociales que evidencia la brutalidad con la que la policía esta reprimiendo a quienes deberían encargarse de proteger.
Por su parte, Iván Duque, lejos de encontrar una comunión entre los manifestantes y el gobierno, ha decidido echar culpas al narcotráfico o tomar acciones que fomenten la violencia como un mayor despliegue de fuerza públicas en Cali, contra una ciudad que exige ser escuchada.
LEG