El Congreso de Tamaulipas aprobó ayer un punto de acuerdo en el que solicita a la Fiscalía General de Justicia del estado inicie las carpetas de investigación y/o los procesos correspondientes por la solicitud, emisión y en su caso, probable ejecución, de la orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
También pidió que se presente juicio ante la propia Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión del mandatario estatal.
Esto significa que van contra el Juez de Distrito del Estado de México con sede en Almoloya de Juárez por obsequiar la orden de aprehensión contra el mandatario estatal y los elementos de la FGR que la solicitaron y que pretendan ejecutarla.
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“Se está incurriendo en la comisión de hechos con apariencia de delitos contra la administración de justicia y en el desempeño de funciones judiciales o administrativas previstas y sancionadas del Código Penal Federal y del Código Penal estatal”, dijo el diputado Félix Fernando García Aguiar (PAN), al presentar el punto de acuerdo al Pleno.
Para Raúl Mejía Garza, investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) y profesor del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), García Cabeza de Vaca mantiene el fuero constitucional que lo protege contra acciones judiciales.
“El acto último en la declaración de procedencia es en la Cámara local que en un procedimiento de homologación de la declaratoria federal pide no homologar, por lo que el gobernador mantiene el fuero, no lo separa del ejercicio de su encargo y no lo pone a disposición de ningún tipo de autoridad”, explicó.
Recordó que el desafuero dictado en San Lázaro fue por defraudación fiscal equiparada y no por los delitos que se han mencionado tendría la orden de aprehensión obtenida el miércoles.
Mejía Garza también consideró que iniciar un procedimiento contra el gobernador constituye un delito del juez contra la administración de justicia “y debió hacer un control de constitucionalidad a través de la interpretación del artículo 111 que va más allá de sus facultades”.
El vocero del ejecutivo estatal, Javier Lozano, aseveró en entrevista radiofónica que el mandatario está en Tamaulipas trabajando y no tienen ninguna intención de fugarse.
En tanto, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, sostuvo que la acción contra García Cabeza de Vaca, es inconstitucional y en el fondo atiende una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador porque está desesperado por el desplome electoral de su partido.
Al respecto, López Obrador negó dar instrucciones para aprehender a García Cabeza de Vaca. “No estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita”, respondió ayer al ser cuestionado sobre los señalamientos del gobernador.
Oposición cierra filas
Karina Aguilar
El bloque de contención en el Senado integrado por el PAN, PRI, MC y PRD advirtió que no aprobarán un período extraordinario de sesiones para desaparecer los poderes en el estado de Tamaulipas como advirtió el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.
La bancada de Acción Nacional señaló que, un período extraordinario para desaparecer los poderes del estado libre y soberano de Tamaulipas no contará con su apoyo, “por ser un ataque directo al pacto federal, el cual todos estamos obligados a respetar”.
Movimiento Ciudadano, a través de su coordinador parlamentario, Dante Delgado, aseguró que, “no se prestará a esta simulación y arbitrariedad” y exigió al Presidente que “saque las manos del proceso electoral y que deje de usar facciosamente las instituciones del Estado con fines proselitistas”.
La bancada del PRD, no rechazó el extraordinario pero aclaró que una posible desaparición de los poderes en Tamaulipas, “requiere de un análisis más profundo”.
Los cuatro Grupos Parlamentarios señalaron que sólo darán su aval a un extraordinario cuando se vayan a tratar temas que preocupan y ocupan a la gente.
Previamente el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, se pronunció por un acuerdo institucional que pasaría por la solicitud de licencia del gobernador al cargo y con ello, evitar el procedimiento para la desaparición de poderes.
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