En un evento en el que estuvieron presentes el Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo y la candidata a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores, se dio a conocer que iniciaron un proceso legal contra Eliseo Fernández Montufar, por supuesto desvío de recursos para su campaña.
De acuerdo con documentos obtenidos por 24 HORAS, aunque sus domicilios fiscales están en terrenos baldíos o casas en colonias populares, las empresas Archen Construction, AM Construcciones de Campeche y Comercializadora Ferlomi, así como las personas Adi del Carmen España, Aimé Carem Gutiérrez y Carmen Antonio Hernández Minaya, obtuvieron al menos 13 contratos en conjunto, entre 2019 y 2020.
Estas serían las empresas que usó Fernández y que están bajo sospecha.
ELISEO FERNÁNDEZ DA A EMPRESAS FANTASMA 35.8 MILLONES DE PESOS
En conferencia de prensa se explicó que también se ha denunciado ya por la polémica de una supuesta compra de pollo, que fue exhibida en redes sociales en febrero de este año.
Durante su intervención, Mario Delgado dijo que, a pesar de las diversas denuncias contra el candidato de Movimiento Ciudadano, “no pasa nada”.
“Uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es terminar con la impunidad que se haga justicia, que no haya intocables, que no haya nadie por encima de la ley”.
Agregó que sin importar el proceso electoral, le parece increíble que sea el único caso de todo el país en que un candidato ha sido dos veces sancionado por la autoridad electoral por supuesta violencia de género.
“¿De qué se trata toda la legislación que se hizo para evitar la violencia en contra de las mujeres que pudieran ejercer de manera libre sus derechos políticos? Si en un caso tan evidente con reincidencia no tiene ninguna consecuencia”, expone Delgado.
Exigieron que se vaya “a fondo” la investigación por estos hechos, además lo catalogó como “un estafador” por las supuestas facturas falsas. Incluso lo acusó de “robarse los recursos que pudieron ser destinados al alumbrado público mediante empresas fantasmas”, durante su gestión.
Layda Sansores por su parte acusó de desvío de recursos así como delincuencia organizada, además de una “amenaza” de narcotráfico en el estado, por lo que “la policía está abandonada, despreciada y la usa el gobierno como sus grupos de choque”.
CT