Seria acusación lanzó la semana pasada el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, al advertir desde el púlpito mañanero y en presencia de su Jefe Supremo, Andrés Manuel López Obrador, que pareciera que el enemigo de las Fuerzas Armadas está en el Poder Judicial.

Señaló que mientras el Ejército y la Marina detienen a los delincuentes, los encargados de la procuración de justicia los dejan escapar al no “cerrar el círculo para llevar bien la detención”.

Esta declaración que -sin duda alguna- no fue hecha sin pensar, da cuenta del enorme poder que este Gobierno ha otorgado a las Fuerzas Armadas, quienes, por mandato constitucional, son las encargadas de cuidar al país, sus instalaciones estratégicas y combatir al crimen organizado.

Y deja en entredicho las acciones de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz, quien ha reconocido que 99% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad, es decir sin una sentencia condenatoria.

El presidente López Obrador ha dado a las Fuerzas Armadas tareas distintas a la seguridad del Estado mexicano, tales como el reparto de libros de texto, el cuidado de hospitales y de las vacunas contra Covid-19, así como la construcción de sus obras prioritarias: el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los bancos del Bienestar, lo que refleja la obediencia de sus elementos hacia el comandante supremo y demuestran la lealtad al pueblo de México.

Sin embargo, el Gobierno de López Obrador no ha puesto el mismo esmero en ordenar una verdadera estrategia para combatir al crimen organizado. No hay resultados en el combate al tráfico de armas, el control del huachicoleo es mínimo, no se han detenido a grandes capos como aseguraron y ni se diga de los ataques de piratas en aguas mexicanas que han desmantelado plataformas enteras de Petróleos Mexicanos.

Basta ver las cifras para darnos cuenta que la apuesta del Presidente no está en el combate a los delitos, 56% de los elementos de la Marina están en estos momentos enfocados en atender temas de la pandemia de Covid-19, y el resto realiza labores de vigilancia, control de puertos, combate al tráfico de armas, personas y mercancías, y coadyuvan en el orden interno del país.

De esa manera, con toda la legitimidad, confianza y poder que le ha dado su superior, fue que el almirante Ojeda Durán se atrevió a reprochar al Poder Judicial la actuación de los jueces y a la Fiscalía el trabajo de los ministerios públicos, lo que no deja de ser un llamado insólito.

Y en Pregunta Sin Ofensa:

La semana pasada el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que existía una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lo dio por prófugo y advirtió la desaparición de poderes en esa entidad; sin embargo, un día después el presidente del Senado, el también morenista Eduardo Ramírez, contradijo a su coordinador, negó la existencia de la orden de aprehensión y consideró que el gobernador mantiene el fuero. ¿Falta de comunicación o ruptura?

 

   @aguilarkarina