En el proceso electoral más violento en la historia del país, los tres niveles de Gobierno son incapaces y poco les preocupa proteger a los candidatos a los diversos cargos de elección popular que estarán en disputa el próximo 6 de junio. 

La delincuencia organizada le va ganando la batalla al Estado, que ha sido omiso en proporcionar seguridad.

De acuerdo con Etellekt Consultores, de septiembre a la fecha han sido asesinados 88 políticos, de los cuales 34 eran candidatos y aspirantes a cargos de elección popular.

El martes fue asesinada la abanderada de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán. El 13 de mayo, el candidato al ayuntamiento de Cajeme, Abel Murrieta, también de MC, fue atacado a balazos y murió minutos después.

Las autoridades se comprometen a investigar y dar con los asesinos. Nada sucede. Cada una de las agresiones pasan al cajón del olvido. A eso, precisamente, le apuestan los gobiernos, incapaces de aprehender a los responsables.

La semana pasada, la candidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Estado de México, Zudykey Rodríguez, fue amenazada por el crimen organizado. Le pidieron que abandonara la campaña.

El Gobierno de Alfredo del Mazo, a través del Secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis, informó, una semana después, que le brindaría protección.

Incapaces y omisas, las autoridades federales, estatales y municipales solo observan cómo agreden, amenazan y asesinan a candidatos. La violencia en el país está imparable y no hay estrategia para detenerla.

La secretaria de Seguridad del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, parece estar escondida atrás de su escritorio. Solo se sabe de ella cuando acompaña al presidente López Obrador en las conferencias matutinas. Su última aparición pública fue el 21 de mayo en Palacio Nacional.

A diez días de la elección, es imperativo que los gobiernos actúen para evitar más agresiones. El proceso democrático está empañado por los asesinatos de quienes aspiran a un puesto de elección popular.

En México es un riesgo ser candidato y salir a buscar el voto. Es probable que, en el intento, pierdan la vida.

Los políticos se conduelen, mientras los criminales desafían al Estado. Y quienes tienen la obligación de enfrentarlos y diseñar estrategias para detenerlos, solo envían mensajes huecos.

Directo: el candidato del PRI al Gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, acudió cándidamente a la CNDH a denunciar al presidente López Obrador por intervenir en la elección de ese estado. La CNDH solo obedece las instrucciones de Palacio Nacional y los ataques contra el priista salieron, precisamente, de ahí.

Indirecto: continúan los conflictos en la Cooperativa La Cruz Azul. El grupo encabezado por Federico Sarabia y Alberto López acusan al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, que preside Rafael Guerra Álvarez, de corrupción y de actuar en contubernio con la actual dirigencia de José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez. 


  @maurijua