La Iglesia Católica anunció este martes modificaciones a sus leyes internas para criminalizar y combatir con mayor eficacia el abuso sexual entre la feligresía. Las dos principales enmiendas, que llegaron tras 12 años de análisis legales e históricos iniciados por el entonces Papa Benedicto XVI (2005-2013), se hicieron a los artículos 1395 y 1398 de la sección penal del Código de Derecho Canónico del Vaticano (siete libros con alrededor de mil 750 artículos) y entrarán en vigor el próximo 8 de diciembre.

Se eliminó la mayoría de los poderes discrecionales de obispos y otros miembros de la Iglesia que se invocaban para encubrir o ignorar acusaciones de abuso sexual en varias partes del mundo. Además, ahora se les podrá denunciar por “negligencia culpable” si deciden no investigar o no sancionar internamente las acusaciones que surjan durante sus encargos. No obstante, se omitió establecer castigos por no informar a las autoridades civiles (por ejemplo, a las policías) de reportes de abuso, acoso o agresión sexual.

También se reconoció en la ley que los adultos, y no solo las y los niños, pueden ser objeto de abuso sexual por parte de sacerdotes y demás trabajadores eclesiásticos (tesoreros y administradores de iglesias, directivos de colegios católicos, entre otros). Asimismo, se criminalizó el presionar amistosa y emocionalmente (grooming) a niños o adultos para que participen en actos pornográficos o sexuales; sobre todo desde una relación de poder desigual.

Adicionalmente, el Código de Derecho Canónico, que en teoría rige la fe de mil 300 millones de católicos en el mundo independientemente de las leyes civiles, ahora califica al abuso sexual como un ataque “contra la vida, la dignidad y la libertad de la persona humana”, en lugar de asumirlo como una simple violación del celibato.

En la conferencia de prensa en la Santa Sede, el arzobispo Filippo Iannone, presidente del Consejo Pontificio para Textos Legislativos desde 2018 y quien supervisó el proyecto de reformas, admitió que existía en la Iglesia “un clima de excesiva laxitud en la interpretación de la ley penal” y en la relación interna “entre justicia y misericordia”.

El monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Consejo, agregó que las enmiendas ya cuentan con la anuencia oficial del Papa Francisco, y recalcó que permanece el principio de presunción de inocencia entre el clero.

AR