Las constantes denuncias a diversas dependencias que han interpuesto familiares de las víctimas mortales y los lesionados por el desplome de la Línea 12 (L-12) del Metro, ocurrido el pasado 3 de mayo, tienen como finalidad que se realicen las investigaciones y se castigue a los responsables.

“Los servidores públicos pueden tener diversas responsabilidades de orden civil, administrativo, penal… si es ante la Contraloría puede ser por una queja contra la conducta inadecuada del servidor público que pudo generar omisiones en su función y le ocasiona una sanción administrativa, consecuentemente de esas omisiones, les son aplicables algún tipo penal por esa forma inadecuada de la conducta y se puede pedir una reparación del daño”, explicó el abogado penalista Jorge Olvera.

Abundó que también existe una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y hay varias opciones, como poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

En tanto, afectados por el siniestro presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal por corrupción y delincuencia organizada, como parte de las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios del Gobierno capitalino por el colapso de la Línea Dorada, que cobró la vida de 26 personas y dejó más de 90 heridos.

La denuncia va dirigida contra la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, entre otros.

Teófilo Benítez Granados, representante legal de Marisol Tapia, madre del niño Brandon Giovanni –quien falleció en la tragedia-, así como de Enrique Bonilla y de los padres de Inmer del Águila, comentó que más allá de un asunto económico, lo que se busca es justicia para la gente inocente que falleció.

Señaló que la denuncia fue ingresada a través de la Oficialía de Partes y se anexan datos de prueba que dan soporte a las denuncias de corrupción que cometieron funcionarios y exfuncionarios públicos, y quienes a la fecha no han sido citados a declarar por las autoridades competentes.

“Es lamentable que las autoridades capitalinas sigan ignorando a las víctimas y a sus familias, saber gobernar es darle solución al problema que se está viviendo”, expresó el abogado en las afueras de la FGR.

Acaba revisión de 30 km de tramos elevados

El Gobierno local informó que concluyó la inspección física de 29.9 kilómetros de los viaductos elevados de las líneas 4, 9 y B, así como del tramo elevado de la Línea 12 (L-12) del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

En conferencia, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, informó que las labores fueron realizadas por 41 brigadas del Colegio de Ingenieros Civiles y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

El funcionario señaló que tras completar la inspección física, el Colegio de Ingenieros Civiles lleva a cabo trabajos en gabinete para emitir el dictamen de vulnerabilidad, así como el dictamen de seguridad estructural de cada una de las líneas.

Sobre los trabajos de la empresa noruega DNV, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Myriam Urzúa, informó que visitaron el taller de mantenimiento en Tláhuac, en donde se resguardaron las evidencias, para conocer el protocolo propuesto por la Fiscalía capitalina sobre la recopilación y realización de las pruebas en metal.

Añadió que los expertos internacionales continúan la revisión documental de los 74 archivos solicitados y que gran parte de la información se está digitalizando para que pueda ser consultada por especialistas que participan en el análisis desde Europa y EU.
LEG