A causa de la pandemia por Covid-19 cerca de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes podrían integrarse al trabajo infantil.
Así lo estimó Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien explicó que por cada punto porcentual que incrementa la pobreza, aumenta el trabajo infantil 0.7%.
“Casi es una relación de punto a punto, incluso Coneval empezó a realizar los cálculos en la población infantil; se calcula es que podría aumentar (el trabajo infantil) entre 15.4 y 16.5% en la población de 5 a 17 años”.
Enfatizó que hay una relación entre las dinámicas escolares y la inserción en el trabajo infantil, por ello recordó que en los primeros meses de la pandemia hicieron un llamado a un entorno seguro para dicha población, pues las escuelas son un entorno de protección que los mantiene temporalmente alejados del campo laboral.
Por separado Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, indicó que bajos ingresos familiares, fragilidad de los programas sociales y nociones culturales son los factores que detonan el trabajo infantil en México.
Y es que según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2019 dicha tasa se situó en 11.5%, correspondiente a 3.3 millones menores de 5 a 17 años. En 2017 fue de 11% (3.2 millones).
Pérez García destacó que hay evidencia documentada sobre que la reducción o incremento del trabajo infantil está directamente vinculado con el ingreso de las familias.
Aunado a ello, manifestó, está la ausencia o fragilidad de los programas públicos que acompañan a las familias más pobres. “Incluso los asegunes que han tenido estos programas de solidaridad, porque eran transferencias condicionadas; por ejemplo, que los hijos de las personas que reciben estos recursos estuvieran en el sistema educativo. Eso reduce también la cantidad de niños y niñas que están en el espacio público de forma permanente o trabajando”, explicó.
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia expuso que en el rubro de nociones culturales está que los menores trabajen con sus padres, pero las condiciones de esa actividad económica no son las más favorables.
Y manifestó que el artículo 123 constitucional protege el trabajo familiar, por lo que no se puede considerar ilegal, pues se da en un contexto de protección de transferencia de cultura.
“Hay elementos culturales que llevan a que el mundo indígena transfiera culturalmente a sus hijos e hijas el cuidado del campo, por ejemplo; en la sierra el cuidado de los animales; y no se puede considerar que los están explotando, propiamente están asumiendo y haciendo transferencia cultural”, aclaró.
De acuerdo con la encuesta del INEGI, de los 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil que había en 2019, dos millones (7.1%) laboran en actividades económicas no permitidas.
Aunado a esto añadió que mantener a los menores en la escuela es lo más exitoso que se ha encontrado para prevenir el trabajo infantil.
“No sólo para trabajo infantil, (también contra) drogas, prevención de embarazo adolescente… no es sólo por la escuela ni por lo que les enseñan, a muchos niños y niñas no les gusta la escuela pero la socialización que representa es un elemento muy importante”, expuso.
Sin embargo, la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) del INEGI reveló que 21.4 millones de estudiantes de entre tres y 29 años, no realizaron su inscripción al ciclo escolar 2020-2021.
Entre los motivos destacaron: “no quiso o no le gustó estudiar”, “tenía que trabajar o entró a trabajar” , “falta de dinero o recursos”, “debido a la pandemia del Covid-19”.
LEG