Cuatro de las 15 elecciones para gobernador en juego el 6 de junio pasado fueron impugadas. Se trata de Sinaloa, Campeche, Guerrero y San Luis Potosí, donde solicitaron la nulidad de los comicios.
La coalición Sí por San Luis Potosí (PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular), solicitó reponer el proceso comicial en el que ganó Ricardo Gallardo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Lo anterior, al acusar “rebase de topes de campaña, miles de boletas desaparecidas y sendas violaciones en el protocolo de cadena de custodia de los votos y paquetes electorales, así como la integración indebida de casillas por misteriosos funcionarios”.
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En Guerrero, donde ganó la morenista Evelyn Salgado Pineda, PRI y PRD impugnaron los resultados, bajo el argumento de afectaciones graves al principio de equidad y certeza por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad.
Mario Moreno, candidato perdedor y quien busca la nulidad, dijo que “cuenta con los elementos necesarios para acudir a las instancias jurídico-electorales y abrir a la luz pública la evidente y grave violación del principio de neutralidad e imparcialidad del órgano electoral del estado”.
En Sinaloa, el aspirante del PRI, Mario Zamora, rebatió ante el tribunal local los resultados, pero fue a manera personal, ya que el tricolor a nivel local y federal aceptó que no fueron favorecidos.
“Tenemos que darle vuelta a la página, la elección ya terminó, ya se entregaron las constancias, ya pasó”, dijo Cinthia Valenzuela, líder local del PRI.
Otra entidad impugnada fue Campeche, donde Christian Castro, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD y que quedó en tercer lugar, exigió la nulidad por diversas irregularidades.
LAS CAUSALES
En Guerrero, Campeche, San Luis Potosí se cumple una de las causales por las que se puede solicitar la nulidad, que es una diferencia menor al 5% entre el ganador y el segundo lugar. En el caso de Sinaloa fue de 19 puntos porcentuales.
Sin embargo, para declarar la invalidez, el Sistema de Nulidades contempla que se debe conjuntar uno o más supuestos, tales como exceder gastos de campaña en más de 5%; compra o adquisición de cobertura informativa fuera de lo permitido por la ley; y utilización de recursos públicos o de procedencia ilícita, entre otras.
A más tardar el próximo 22 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobará los dictámenes de fiscalización y, en su caso, señalará aquellos casos en que se rebasaron topes de gastos de campaña.
En tanto, los tribunales locales resolverán las impugnaciones, y en caso de declarar la validez de los resultados, los inconformes podrán acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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