El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un contrato plurianual con Idemia Identity & Security France para el cambio de tecnología de identificación biométrica; es decir, del almacenamiento de huellas dactilares y fotografías de más de 93 millones de mexicanos, la mayor base de datos del país, sin tener la seguridad de contar con los recursos en los próximos cinco años.
Mediante un proceso de licitación pública internacional se falló a favor de la empresa francesa. Al tipo de cambio del 7 de enero, cuando se signó el documento, en diciembre de 2020, el costo, incluido el IVA, sería de 207.3 millones de pesos a razón de 41.4 millones por cada año (de 2021 a 2026).
El organismo electoral aclaró que la implementación del nuevo modelo para la captura y resguardo de los datos de millones de mexicanos quienes tramitan su credencial de elector, estará sujeta a la disponibilidad presupuestal.
El documento del contrato establece que la operación para “2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal que apruebe la Cámara de Diputados y el presupuesto del Consejo General del Instituto, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos”.
Una de las cláusulas señala que no existirán consecuencias legales para ninguna de las partes ante una terminación anticipada y la empresa deberá desmantelar la tecnología instalada, borrar los datos almacenados y transferir lo que sea requerido al INE sin ningún costo extra y sólo se estipula que se debe avisar seis meses antes.
Aunque durante 2021 el organismo electoral sufrió el recorte presupuestal más grande su historia por una cifra superior a los 800 millones de pesos, los 41.4 millones anuales que se pagarán por el cambio de tecnología biométrica representan sólo 0.38% de los 10 mil 726 millones de pesos que se le asignaron.
Sobre los detalles de la tecnología, se detalla que la “nueva solución de Identificación Biométrica, reemplazará a la que actualmente opera en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por lo cual, deberá estar integrada por todos los componentes necesarios de infraestructura: hardware, software, comunicaciones y de seguridad”.
El contrato con la firma francesa también incluye los “recursos humanos, licenciamiento de comparación biométrica, servicios de comparación mediante huella dactilar y fotografía, servicios de monitoreo y soporte, repositorio que almacene los registros”; es decir, de los millones de mexicanos inscritos en la Lista Nominal, cuya cifra actual es de 93 millones, pero prevén crezca en los próximos años.
Al termino del contrato, la empresa deberá “retirar la infraestructura que conforma la Solución, una vez borrada la información contenida en los equipos y previa autorización por parte del administrador o supervisor”.
La tecnología de la empresa francesa, que se instaló dentro de las oficinas centrales de INE, permite que se ingrese una fotografía y en minutos se identifique el registro facial y datos de la persona, siempre que sea mayor de 18 años y haya tramitado su credencial de elector.
El contrato fue asignado a Idemia Identity & Security France mediante Licitación Pública Internacional, y debido al monto que supera los 200 millones de pesos, se solicitó la intervención de un Testigo Social para darle seguimiento al proceso.
La Contraloría Ciudadana para Rendición de Cuentas fue la organización social elegida, la cual, opinó que la asignación de contrato fue realizada conforme a los preceptos legales y no hubo quejas o irregularidades denunciadas por las otras empresas que concursaron.
Buscaba Segob apoderarse de datos biométricos
En enero de 2020, la Secretaría de Gobernación (Segob) envió una petición al Instituto Nacional Electoral para solicitar la transmisión de los datos biométricos de millones de mexicanos.
Ante la andanada de críticas por el uso que pudiera darle el Gobierno federal, la dependencia se arrepintió y retiró la solicitud al argumentar que los requería para acelerar el plan de una Célula de Identificación Ciudadana.
El órgano electoral manifestó la imposibilidad legal de que el “instituto entregue los datos personales de las y los ciudadanos que resguardamos”.
Entre los datos biométricos están la huella dactilar, el rostro, el iris y la geometría de la mano, por lo que dicha información contenida en el Padrón Electoral contribuye a la identificación de personas desaparecidos y cadáveres, indica el instituto en su sitio web.
“De 25 mil 737 solicitudes de personas desaparecidas, se han encontrado 18 mil 255 coincidencias con nuestra base de datos. Esto facilita su localización”.
LEG