Por más de 11 años, el capricho de un bribón arrastró al municipio de Sombrerete, en Zacatecas, a la miseria pura; dejó a más de mil familias sin empleo, sin ingresos ni para comer. A él no le importaron los niños, ni que los adultos mayores se quedaran sin medicamentos, tampoco las deudas, el pago de la renta. No le importó nada más que su avaricia.
Fue el 30 de julio de 2007, cuando desde su lujoso autoexilio en Canadá, Napoleón Gómez Urrutia ordenó que las minas de Sombrerete, en Zacatecas, y Cananea, en Sonora, dejaran de operar. En ambos casos hizo creer a los trabajadores que cerrarían por falta de seguridad, que tras la huelga, ellos estarían mejor y que el Sindicato los apoyaría económicamente mientras estas duraran; después las mentiras cayeron poco a poco.
Los trabajadores aguantaron, y mucho, pero cada vez recibían menos el dinero del fondo de huelga. En pocos meses, Sombrerete y Cananea fueron pueblos fantasmas, su población sencillamente empobreció. En contraste, el mitómano de Napillo se desentendió de ellos y se dio una vida de excesos y derroches.
Tras algunos años de paro, los trabajadores se enteraron de las mentiras del supuesto líder minero. La seguridad en las minas no fue la razón por la que perdieron su empleo, sino que ellos fueron los rehenes para que Napillo exigiera que le retiraran las órdenes de aprehensión por el despojo de 55 millones de dólares en perjuicio de sus afiliados y también pedía el pago de 100 millones de dólares a cambio de levantar los paros.
Pasaron 11 difíciles años, en Sombrerete los trabajadores no volvieron a ver su salario, se endeudaron, vendieron sus carros, sus propiedades, empeñaron electrodomésticos, muchos niños perdieron su lugar en las escuelas, las familias tocaron fondo y llegaron al hartazgo. Fue entonces cuando en agosto de 2018, se organizaron y por voluntad propia reabrieron la mina.
Hoy a casi tres años de haber dejado atrás esa negra historia y de recuperar su empleo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) castiga a los que se atrevieron a retomar su vida. La SCJN entregó a Napillo la posibilidad de arrebatarles una vez más su trabajo y privarlos de su derecho al trabajo al considerar existente la huelga que cumpliría 14 años el próximo 30 de julio. Por más absurdo e injusto que parezca, así se aplica la ley en este país.
Pero no es el único caso donde la impartición de justicia termina partiéndole la cara a las familias mexicanas: en Cosalá, Sinaloa, el Gobierno viola la autonomía sindical de la mano de la exministra Olga Sánchez Cordero, hoy al frente de Gobernación, y es que a como dé lugar debe cumplir la voluntad del presidente López Obrador, quien designó a Napillo para resolver el conflicto en esta mina, sin importar la decisión de los trabajadores y los litigios existentes por el Contrato Colectivo de Trabajo.
Este Gobierno debe entender que la ley se hizo para cumplirse, que no se puede transgredir los derechos de los trabajadores, que se debe respetar el T-MEC y no creer que lo pueden mangonear como otras tantas leyes que han acomodado a su favor.
Señores de la 4T, dense cuenta a quién están protegiendo: a alguien que estuvo prófugo por más de diez años, que no ha dado razón del desvío de 55 millones de dólares, al que en supuesto sano juicio se siente victorioso con la posibilidad de volver a dejar a más de mil familias sin empleo. Sí, a ese, al que hicieron senador, a Napoleón Gómez Urrutia.
@CarlosPaconC