La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) aseguró que la entrada de la fuerza pública estatal a sus instalaciones y quienes se ostentan como un nuevo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins violaron un amparo promovido ante posibles actos de privación de bienes y derechos de esa institución.
Esta mañana, con el uso de la fuerza pública, las instalaciones del campus de la UDLAP fueron tomadas en un intento de imponer a un nuevo Patronato en la institución nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
En un comunicado que colocó en sus redes sociales, la UDLAP precisó que el 4 de mayo de 2021, en un ejercicio preventivo ante posibles actos de molestia o intento de privación de bienes y derechos, se promovió ante el Juzgado Primero de Distrito un juicio de amparo que fue concedido y radicado con el número 613/ 2021 y otorga la suspensión provisional vigente hasta el día de hoy, dando certeza a efecto de que no sean removidos los patronos.
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Asimismo, los protege para que no se intervenga en su administración, en su contabilidad, o en cualquier acto de molestia o de privación de bienes y derechos.
Por ello calificaron como un acto de despojo y arbitrario que sufrieron por parte del Estado, cuyo único objetivo es imponer un acto ilegal, infundado e injustificado a través del uso desmedido de la fuerza pública en contra de estudiantes y empleados.
La UDLAP explicó que el hecho se desprende de un proceso legal que se sigue en contra de la Fundación Mary Street Jenkins, más no así en contra de la Fundación Universidad de Las Américas Puebla.
“Este acto de despojo en contra de la comunidad será denunciado como tal ante las autoridades”, advirtieron.
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“La Universidad y la Fundación Mary Jenkins son instituciones independientes, y personas morales diversas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que de ninguna manera se pueden ni deberían afectar sus circunstancias actividades y problemáticas de manera indiscriminada.
“Señalamos que la UDLAP no está sujeta a ningún proceso, ni judicial ni administrativo, y confía en que las autoridades respeten la ley y permitan que la operación de la institución continúe con normalidad”, indicaron.
Por último, responsabilizaron a las personas que han tomado el campus y a las autoridades estatales de cualquier daño o perjuicio que se cause en las instalaciones, recursos, documentos de la institución, así como los bienes personales, empleados, administrativos y académicos.
Además, exigieron a las autoridades del estatales la liberación inmediata de sus instalaciones, así como el respeto a sus derechos y a la dignidad de la comunidad de la UDLAP.
FF