El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados propone que en la consulta popular del 1 de agosto se incluya el manejo de la pandemia y las deficiencias en la construcción de la Línea 12 del Metro.
Consideraron que es legal y legítimo que los mexicanos opinen respecto a la estrategia del Gobierno federal en el combate al Covid-19 y las fallas de construcción en la Línea 12 ya que también forman parte de decisiones políticas tomadas en el pasado y que deben esclarecerse para garantizar justicia y salvaguardar los derechos de posibles víctimas.
Los legisladores del tricolor explicaron que la pregunta de la consulta no define un periodo específico, por tanto, en una interpretación de la ley cabe la posibilidad de abarcar actos políticos del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Añadieron que la pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cambiaría ante su propuesta.
Sin embargo, puntualizaron que en el formulario impreso la ley establece como requisito hacer una breve descripción del tema de interés nacional, por lo que sí es factible mejorar el texto, el cual incluiría las referencias a estos dos sucesos de trascendencia para el país.
A través de un comunicado, los diputados federales priistas recordaron que los ministros de la Corte modificaron la interrogante propuesta por el Presidente de la República, al considerarla tendenciosa y con juicios de valor, aún así, la aprobación de la consulta popular en 2020 no aclaró o delimitó un periodo.
Enfatizaron la importancia de opinar sobre las decisiones políticas tomadas en materia de salud en el combate al SARS-CoV-2, ya que las cifras oficiales reportan poco más de 233 mil personas fallecidas a la fecha, cantidad que podría ser mucho mayor, además de que actualmente México ocupa el decimoquinto lugar mundial en el número de contagios y el cuarto puesto con más muertes.
Respecto a la Línea 12, los priistas en la Cámara de Diputados expusieron que el costo de inversión era de mil 750 millones de dólares, pero acabó costando dos mil 600 millones de dólares, una de las líneas más caras en la historia de México.
Por último, indicaron que la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, será un ejercicio inédito, que se realizará “pese a los problemas de financiamiento y descrédito que desde el Poder público se ha propiciado contra el Instituto Nacional Electoral”.
Para ello propone un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente y se exhorte al INE para que en las papeletas de la Consulta Popular se incluyan, en el espacio reservado a la descripción del tema de trascendencia nacional, estos dos asuntos.