Instituciones de Salud federales siguen con la compra de medicinas a farmacéuticas nacionales acusadas de corrupción por el Gobierno de la cuarta transformación, como Pisa.
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019-2021, con corte a junio) se han otorgado mil 581 contratos a Laboratorios Pisa por un monto de 9 mil 444 millones de pesos, de acuerdo con la plataforma sobre contrataciones públicas Quién es Quién.
En lo que va de este año, se han firmado 346 contratos dicha empresa, según la revisión de la plataforma de datos que reúne y sistematiza información de más de cinco millones de contratos de países de América Latina y es gestionada por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Latam, cuya principal fuente, en México, es Compranet, donde se alojan los procedimientos de contrataciones del Gobierno federal.
En reiteradas ocasiones, López Obrador ha señalado que un grupo reducido de empresas de fármacos, entre ellas Pisa, ostentó un monopolio en anteriores Gobiernos, que representaba 100 mil millones de pesos anuales a través de prácticas de corrupción.
Tan sólo hace una semana, manifestó que las propias farmacéuticas encabezaban una campaña de desprestigio en contra de su administración, “están buscando desacreditarnos y hacernos cambiar, para que no llevemos a cabo la decisión de comprar los medicamentos afuera”.
El 9 de marzo pasado, el mandatario afirmó que se tenía todo “monopolizado (…) De ahí la campaña en contra de que faltan los medicamentos, para ver si dábamos marcha atrás y caíamos otra vez con PiSA y con todos estos laboratorios y con esta mafia que vendía los medicamentos al Gobierno”.
Pisa ha sido una de las empresas señaladas por el Presidente, pero apenas el 16 de junio, el Instituto Nacional de Pediatría le compró enoxaparina inyectable por un monto de 16 mil 153 pesos. Y a los mismos laboratorios les adquirieron fentanilo inyectable por 12 mil 987 pesos, de acuerdo con documentos consultados por este diario.
Además, por 528 soluciones inyectables de fentanilo, el IMSS pagó 72 mil 700 pesos a Laboratorios Pisa, la cual fue inhabilitada por 30 meses en 2020, pero en abril pasado, la Función Pública le levantó la sanción para que volviera a ser proveedora de las instituciones de Salud.
Hace casi un año, el 31 de julio pasado, el Gobierno federal firmó un contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra consolidada de medicamentos en el extranjero.
Sin embargo, durante junio y lo que va de julio, se aceleraron los procesos de compra de forma autónoma y las diversas instituciones de Salud publicaron al menos 892 procesos de licitación o adjudicación directa a escala nacional, debido a que la oficina dependiente de la ONU, a la fecha, sólo ha entregado 5% de lo pactado para este año.
Entre esas contrataciones está la adjudicación directa E298 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyos resultados se presentaron el pasado martes, de acuerdo con una revisión de este diario, en la cual se destaca que la mayoría son compras a través de un tercero, pero los laboratorios de donde provienen las medicinas son los mismos acusados por el Gobierno de la cuarta transformación de corrupción.
Por ejemplo, a Hisa Farmacéutica le compraron 24 mil 927 piezas de ciprofloxacino por 108 mil 601 pesos, pero el fabricante es Laboratorios Solfran, ligada a Carlos Lomelí, extitular de Programas de Bienestar en Jalisco.
Dicho laboratorio fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la supuesta entrega de información falsa para ganar una licitación; sin embargo, en marzo pasado, la sanción fue cancelada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
También, el IMSS firmó la adjudicación directa E-199 con Farmacéuticos Maypo, señalados por el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, de ser una de las 10 empresas que acapararon 80% del mercado entre 2012 y 2018. El Seguro Social les pagó 617 mil pesos por la compra de fármacos provenientes de Alemania, Reino Unido y Suiza.
Por ejemplo, el medicamento jakabi, proveniente de Suiza y que sirve para tratar la mielofibrosis, en el mercado nacional un frasco cuesta alrededor de 43 mil pesos y el IMSS lo compró a Maypo por 34 mil. 354 cada uno.
Fiscalizarán vacunas y fármacos oncológicos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará el abasto de medicamentos para el cáncer infantil y la compra de vacunas contra Covid-19 por parte del Gobierno federal.
Al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a su programa anual de auditorías para la Cuenta Pública 2020 se incluyeron revisiones que no estaban contempladas al inicio del año a la Secretaría de Salud y al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Dichas auditorías serán de cumplimiento; es decir, se revisará que se alcanzaron los objetivos planteados para este año y las conclusiones se podrían presentar el próximo 31 de octubre o hasta febrero de 2022, ya que es la fecha límite que tiene el órgano fiscalizador para entregar la revisión completa a la Cuenta Pública 2020.
La inclusión de revisiones al sector Salud se da en un contexto de exigencia de abasto de medicamentos, en particular de padres de niños de cáncer y cuando el Gobierno federal sólo ha recibido 5% de los fármacos comprometidos para este año.
Además, se incluyeron otras 100 fiscalizaciones, la mayoría de fondos federales enviados a entidades, pero igual destacan las de cumplimiento a las obras del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
LEG