Sólo la inacción de los tres niveles de Gobierno explica el surgimiento de los grupos llamados de “autodefensa’’.
El viernes le comentábamos en este espacio lo que estaba ocurriendo en Chiapas, otrora estado ubicado entre los más seguros del país y que ahora roba los titulares de los medios de comunicación por los hechos de violencia que registran varios municipios, entre ellos la capital, Tuxtla Gutiérrez.
El mismo viernes, un grupo de habitantes de Chenalhó, donde se ha denunciado la operación de un grupo paramilitar que roba y extorsiona, asaltó a una patrulla de la Guardia Nacional para robarles sus armas.
Horas después, por medio de un video anunciaron la creación de un grupo de autodefensa denominado “El Machete’’; en el video se ven las armas robadas al personal de la Guardia Nacional.
Puede que se trate de un acto desesperado por defenderse de los grupos paramilitares que de a poco se van apoderando de municipios sin que el Gobierno estatal -el municipal es un cero a la izquierda- o el federal puedan o quieran evitarlo.
Esos mismos grupos son responsables del asesinato del defensor de los derechos de los pueblos originarios, Simón Pedro Pérez López, y los que han provocado, hasta el momento según cifras extraoficiales, el desplazamiento de más de dos mil indígenas tzotziles.
Al parecer, los cárteles más importantes del país han puesto la mira en el estado como ruta no sólo de tráfico de indocumentados, sino también de tráfico de drogas y armas.
El Gobierno no puede hacer como que no ve, cuando la inseguridad en el estado va en aumento y no deja otra opción a sus habitantes que buscar protegerse como puedan.
Aunque el Presidente no sea partidario de las autodefensas, como ya lo expresó en varias ocasiones.
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La disputa por la coordinación de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados va contaminando todos los procesos del partido.
Marko Cortés simpatiza con la idea de que el coordinador sea Jorge Romero, exalcalde en Benito Juárez, pero a quien militantes de viejo cuño acusan de tener más intereses económicos que convicciones.
Del otro lado están quienes pretenden que se mantenga como coordinador Juan Carlos Romero Hicks, que no sólo ganó su reelección apabullando a sus rivales, sino que es de los panistas “sin cola’’ que le pisen.
Esta disputa elevó la protestas de militantes, exgobernadores y exlegisladores, que de plano ya pidieron una auditoría al padrón de militantes panistas con el que se elegirá al próximo líder del partido en noviembre.
Un padrón confiable, transparente, impediría que se haga trampa en la votación.
Lo raro es que lo estén pidiendo panistas, si en el blanquiazul eso no sucede.
¿O no sucedía?
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El próximo viernes 16 será la reunión plenaria del Congreso para constituirse en jurado de procedencia a fin de votar el desafuero de Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos, y de los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo Gutiérrez.
El primero de los legisladores está acusado de abuso sexual y Toledo de enriquecimiento ilícito.
Lo de Carmona Gándara se trata de un pleito añejo entre él y el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Aunque la Sección Instructora, que encabeza Pablo Gómez, votó a favor de llevar a los tres al Pleno, será éste quien decida si les retira el fuero para que puedan ser juzgados como cualquier ciudadano por los delitos de que se les acusa.
LEG