Legisladoras federales demandaron a las autoridades profundizar en las investigaciones en torno al ejido La Bartolina, en el estado de Tamaulipas, ante la confirmación de que el sitio funcionó como un centro de exterminio del crimen organizado.
La diputada federal y presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que es necesario tener más información del lugar, de las condiciones en qué se encuentra y desde cuándo se presume que está operando para los fines de la delincuencia organizada.
“Es lamentable lo que dio a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob), pero retrata un México violento que nos tiene en esta situación tan alarmante en materia de seguridad, pero es importante que los ciudadanos se enteren de cuáles son los hechos que efectivamente ocurrieron”, advirtió Pilar Ortega.
La panista agregó que ante la falta de apoyos oficiales, la búsqueda de personas desaparecidas continúa como una agenda pendiente en la actual administración federal, y puntualizó que la situación en esta materia no ha mejorado, pues ni la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ni sus pares en las entidades federativas, tienen el apoyo jurídico ni de recursos para desarrollar su trabajo.
Muestra de ello, prosiguió la legisladora, fue la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) en la que se limitó y disminuyeron los derechos de la propia CNB en relación con los procesos de investigación de delitos.
Por su parte, la diputada federal por el Partido Encuentro Social (PES), Olga Sosa, señaló que la confirmación sobre la existencia de La Bartolina, realizada por la titular de la CNB, Karla Quintana, se suma a otros casos reportados en distintas ciudades del país.
“Esta confirmación horroriza por los actos inhumanos y por la red de operaciones fraguada a espaldas de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Es vital que las instituciones actúen con responsabilidad, con apego a la verdad y con la máxima seriedad que el asunto amerita”, exigió la legisladora representante del estado de Tamaulipas en la Cámara de Diputados.
Recordó que aunque la operación inicial fue realizada por la Fiscalía estatal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la incorporación de colectivos y autoridades federales ha permitido procesar la más de media tonelada de restos humanos encontrados en el ejido.
En su momento, abundó, las investigaciones se dieron por concluidas y se aseveró que no había precisión sobre si los restos pertenecían a animales o seres humanos, por lo que demandó que “esas investigaciones parciales no pueden tener cabida, se debe trabajar por hacer valer el dolor de las familias y buscar a las personas desaparecidas; se trata de un derecho humano y es un acto de justicia y humanidad”.
La diputada federal subrayó que no sólo se deben mantener las investigaciones, sino también impulsar nuevas líneas que brinden justicia a las familias de las víctimas.
Olga Sosa enfatizó que el estado de Tamaulipas se ubica dentro de las primeras cinco entidades federativas con mayor número de personas desaparecidas, y por esa razón es indispensable informar con la verdad a la ciudadanía.
LEG