Los michoacanos siguen pagando el pleito personal entre el gobernador Silvano Aureoles y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este pleito, que se había reflejado hace meses en la desidia con la que el Gobierno federal atendió -es un decir- el bloqueo de las vías del ferrocarril en perjuicio de millones de consumidores en todo el país y la economía local, muestra ahora su peor cara.
Una parte del estado está en llamas permanentemente.
Los ocho municipios que comprenden la llamada Tierra Caliente (Apatzingán, Buenavista, Francisco Múgica, Gabriel Zamora, Parácuaro, Tepalcatepec, La Huacana y Churumuco), es una zona olvidada por la mano de la Federación.
El Gobierno estatal es incapaz de hacer frente, con el personal policiaco que tiene, de enfrentar la feroz disputa entre los cárteles de la droga que se disputan el territorio.
Son miles ya los desplazados de la zona que vive una auténtica emergencia humanitaria, que no es atendida en buena medida por las diferencias personales entre quienes deben ser los responsables de garantizar las condiciones mínimas de convivencia.
Conforme la delincuencia ha constatado la falta de respuesta de todas las instancias de Gobierno, la violencia se ha ido recorriendo a otros municipios como Salvador Escalante, Avio de Rosales, Nuevo Urecho y Taretan, cuyos pobladores crearon su propia policía comunitaria (otra más), para tratar de contener asaltos, extorsiones, asesinatos y secuestros.
Municipios importantes como Zamora, Uruapan y Apatzingán presentan también altos índices delictivos.
Aureoles se dejó llevar por el espejismo de alcanzar una candidatura presidencial por el PRD, pero sus calificaciones en las encuestas que miden el grado de aceptación de los gobernadores lo coloca entre los cinco peores del país.
La historia habría sido distinta quizá, si las diferencias políticas -naturales y respetables-, con López Obrador no se hubieran convertido en un pleito personal.
Al final, tanto el gobernador como el jefe del Ejecutivo deberían saber que quienes están pagando con sangre son los sufridos michoacanos.
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La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, enfrenta la resistencia de quienes fueron dueños de la demarcación y que se niegan a perder los privilegios que se fueron heredando gestión tras gestión.
Hace unos días enfrentó el rechazo del delegado en funciones, Alberto Esteva, de adelantar la instalación de la comisión de transición, como ya se hizo en delegaciones como Coyoacán y Azcapotzalco.
La comisión o mesa de transición debe instalarse el primero de septiembre, pero no había nada que impidiera que el trámite se adelantara.
Y si ese fue un contratiempo, Lía Limón deberá atender con cuidado los movimientos políticos que está haciendo el ex delegado Eduardo Santillán, en la demarcación.
Santillán fue delegado de 2009 a 2012; en el 2015, bajo la bandera del PRD, quiso competir nuevamente por el cargo pero no lo dejaron pasar, por lo que renunció y se refugió en Morena.
Bajo las siglas de este partido, intentó nuevamente hacerse de la delegación en la elección pasada, pero perdió contra Limón, en buena medida por el desastre que dejó Layda Sansores.
Santillán fue señalado -ojo, señalado- de haber creado una red de corrupción en la delegación, cuando la encabezó, que cobraba “moches’’ a los antes llamados giros negros que operaban como restaurantes y bares.
La alcaldesa electa deberá cuidar que los cercanos a Santillán no se le filtren en el gabinete.
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El presidente López Obrador se quejó porque el Gobierno español no respondió la carta que le envió en la que exigió disculpas por los crímenes cometidos durante la conquista.
Alguno de sus asesores debe decirle que el silencio es también una respuesta.
LEG