Silvia Soriano Hernández

Ante la cantidad de agravios que sufre la sociedad, difícil resulta saber hacia cuál dirigir la mirada para reflexionar sobre el particular. La violencia, el racismo, el sexismo, la desigualdad económica, la catástrofe ecológica y un largo etcétera. La responsabilidad del Estado debe evidenciarse como punto de partida.

Sin lugar a dudas, entre las prácticas estatales más oscuras se encuentran aquellas vinculadas con las desapariciones forzadas. No se trata simplemente de encarcelamientos con procesos jurídicos irregulares o de la tan condenable tortura, sino directamente de la ausencia súbita de una persona cuya actividad política es vista como una amenaza al orden establecido y al poder que lo sustenta. Dentro de los gestos autoritarios de la modernidad, pocos pueden ser comparados, en rigor y en agravio, con estas acciones, por todas las implicaciones que conllevan. Quizá la más trágica es la de la incertidumbre. Por ello no es extraño encontrar por doquier organizaciones de familiares en la búsqueda constante e incansable de respuestas.

La exigencia sostenida y larga de los familiares, con gran frecuencia por las madres, sin excluir a otros cercanos, del esclarecimiento del paradero de los desaparecidos, es un esfuerzo, dentro de un sinnúmero de adversidades, por arrojar un poco de luz dentro de un panorama negro. La geografía política que ha sido marcada por la violencia profunda de las desapariciones, se extiende a lo largo del tiempo y del espacio de un turbulento siglo XX y de un incierto siglo XXI.

Ahora bien, esa extensión no sólo se da territorialmente y a lo largo de distintas etapas de la historia, sino también de manera individual, es decir, pasando de un familiar a otro y de éste a otro más. El camino de la búsqueda y el rumbo, siempre dudoso, pueden ser tan largos que, con frecuencia, es heredado por los familiares a otros más jóvenes. Esto debe leerse como una lucha sostenida cuyo final no se vislumbrará sino hasta conocer el paradero de los ausentes, las razones de esa pérdida y la aplicación de la justicia.

Por un lado, la deuda frente a una desaparición forzada no puede ser saldada, pero, por otro, la necesidad de demandar respuestas acordes con la justicia es ineludible. Las organizaciones civiles que se han constituido sobre ese vacío, a saber, sobre la ausencia inexplicada, son una muestra de la fuerza y del pulso inquebrantable por, desde una voz colectiva, encontrar soluciones. Estas historias de sufrimiento y dolor no pueden ni deben ser individuales, es imperativo que apelen al sentido de solidaridad y empatía de quienes, sin vivir esa anomalía, la consideramos como un agravio que golpea a la sociedad en su conjunto. Es una deuda con las víctimas que, en primer lugar, apunta al Estado y cuya responsabilidad de respuestas y justicia, es suya.

@silviasoriano5