Separar el poder político del poder económico no significa distanciar al Gobierno de las empresas, sino crear nuevas formas de cooperación basadas en el mutuo beneficio y con el objetivo último de ofrecer bienestar a las familias mexicanas.
En el viejo régimen esta relación se vio entorpecida por la corrupción, que estableció mecanismos de “moches” y cuotas para firmar contratos financiados con dinero público —muchas veces a precios inflados—, para proyectos interrumpidos por su inviabilidad o simplemente simulados.
El reto de la Cuarta Transformación es sanear ese vínculo, para crear un piso parejo de competencia y salvaguardar los derechos laborales de la clase trabajadora.
Con la reforma laboral de 2012 se legalizó la subcontratación, una práctica que ya se venía realizando al margen de la ley, permitía a las empresas evadir sus obligaciones patronales y, en consecuencia, afectaba los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, como el reconocimiento de antigüedad o el seguro de riesgos de trabajo, simulando un contrato entre empresas para no reconocer la relación subyacente.
Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó y pactó con el sector empresarial una iniciativa que permitía poner a salvo derechos laborales, prohibiendo la subcontratación de personal, y reglamentando la subcontratación de servicios y obras especializados, evitando que se siga utilizando para simular contratos nocivos.
Esa iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión, luego de ser ampliamente discutida. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de este año y entró en vigor al día siguiente, con excepción de los artículos cuarto, quinto y sexto del decreto, referentes a las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuya vigencia iniciaría el 1 de agosto; además, establecía el plazo de 90 días naturales para el cumplimiento de diversas obligaciones.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció en la segunda semana de este mes que, a partir de las reformas en la materia, un millón de trabajadoras y trabajadores han pasado a formar parte de las nóminas centrales de sus empresas, lo que equivale aproximadamente al 21.7% de los más de 4.6 millones de personas que laboraban en este esquema, de acuerdo con el Censo Económico 2019 del Inegi.
A petición manifiesta de distintas empresas que han expresado su voluntad de acatar las nuevas normas, he presentado ante el Senado de la República una iniciativa para establecer el primer día de septiembre de 2021 como fecha para la entrada en vigor de los artículos cuya vigencia originalmente iniciaría el primero de agosto, así como para solventar las obligaciones que daban 90 días para su cumplimiento, entre las que destacan el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las personas físicas y morales que presten servicios de subcontratación; la migración del personal subcontratado, mediante la sustitución patronal, a empresas que reconozcan sus derechos laborales, incluida la antigüedad; la entrega de información ante el IMSS por parte de las personas físicas y empresas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, así como las multas por incumplimiento.
De aprobarse esta iniciativa, estaremos reconociendo y estrechando la alianza con el empresariado, para fortalecer la justicia laboral y continuar en la ruta de la transformación de México.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA