La falta de políticas públicas para “alfabetizar” digitalmente ha ocasionado que se lleven a cabo conductas ilícitas a través de las redes sociales al compartir, sin consentimiento, imágenes y videos de contenido sexual.
De acuerdo con Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, los más afectados son los menores de edad y jóvenes, considerados “nativos digitales, ya que gran parte de su vida está en el mundo digital”, lo que los hace vulnerables ante la ciberviolencia.
El activista destacó que México no ha construido una política de alfabetización digital de cosas tan básicas como entender la seguridad en internet, el código de etiqueta en las redes sociales.
“Eso requiere de alfabetización; así como aprendimos a leer o a escribir, también tenemos que aprender a movernos en el mundo digital, y para eso se requiere política pública y no existe”, advirtió Pérez.
Para el experto en temas de niñez y juventudes, el desconocimiento de la legislación y en particular de la Ley Olimpia no justifica los delitos; no obstante, consideró que hace falta más información sobre el tema y que ésta se acerque a la ciudadanía.
La denominada Ley Olimpia, que surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla, establece un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
Además, la nueva normatividad señala sanciones a conductas como: videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.
Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.
Juan Martín Pérez consideró que los influencers también deben asumir su responsabilidad; sin embargo, dijo que en el tema de la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se está generando un “populismo punitivo” y se está usando como chivo expiatorio, cuando en realidad las autoridades deberían detener a los agresores.
La youtuber fue detenida el pasado 29 de junio por autoridades de la Ciudad de México, al ser acusada de cometer el delito de pornografía infantil, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia capitalina.
LEG