El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la fiscalización del Proceso Electoral Federal y los 32 locales concurrentes 2020-2021 al aprobar los dictámenes respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes que finalizaron en sendas sanciones.
En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, reveló que, como resultado de la revisión que realizó la autoridad electoral, se aprobaron sanciones por más de mil 203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas.
En ese rubro, existieron tres casos relevantes que acapararon el 95% de las sanciones: multa al PVEM por 40.9 millones por el pago ilegal a influencers durante la veda.
Además, dos sanciones por 83.4 millones de pesos en conjunto al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por financiamiento irregular a su campaña por parte de empresas a partir de una triangulación con su familia y el partido Movimiento Ciudadano, así como por la promoción ilegal de su esposa, Mariana Rodríguez.
El instituto político más sancionado fue Morena con 373.1 millones de pesos; seguido de Fuerza por México, 102.9 millones de pesos y Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos.
A su vez, a Movimiento Ciudadano se le impusieron 73.1 millones en sanciones; al PAN, 88.4; PRD, 42.8; PT, 85.9; PES, 55; PRI, 93.7 y PVEM, 84.5.
Así quedaron las sanciones:
Cabe mencionar que derivado de las votaciones en particular que se presentaron a lo largo de la discusión, los montos de las sanciones sufrirán modificaciones que se impactarán en los acuerdos definitivos que haga públicos el Instituto.
Córdova Vianello destacó la revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.
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También, dijo Córdova, se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, además de que se atendieron 748 quejas vinculadas con las campañas.
Al presentar los proyectos de resolución, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela informó que, derivado de la revisión que realizó la autoridad electoral, se pudo constatar que únicamente el 1.6% de los informes a nivel local no fueron presentados por los actores obligados, además de que se actualizaron 274 rebases de topes de gastos de campaña de 239 candidaturas no ganadoras y 35 ganadoras a nivel local, aunque sólo en 5 casos la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%.
Agregó que durante la revisión contable se advirtieron 60 tipos de irregularidades que cometieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. En ocho de estas conductas se concentra el 73.10% de las sanciones impuestas, entre las cuales destacan los egresos no reportados.
Incumplen partidos con destinar el 40% del financiamiento público a sus candidatas mujeres
La Consejera Carla Humphrey subrayó la omisión de los partidos para destinar el 40% de sus recursos públicos a las candidaturas de mujeres a nivel local, ya que sólo en cuatro entidades se cumplió el requisito.
Frente a ello externó su rechazo al criterio de sanción por esta falta, que va de la amonestación pública hasta el 150% del monto que no se destinó, ya que el principio constitucional de paridad no admite graduaciones.
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Por su parte, la consejera Norma De la Cruz añadió que esta sanción no es suficiente para inhibir la conducta e incentiva a los partidos a no cumplir con el financiamiento establecido del 40% para mujeres.
Por ello, estimó que la sanción no contribuye a combatir o erradicar la violencia política en razón de género y resulta incongruente con el espíritu del acuerdo, por lo que llamó a ser firmes e imponer una sanción contundente ante la vulneración del principio de paridad.
De igual forma, De la Cruz evidenció la necesidad de aumentar la sanción relacionada con la persistencia de partidos y coaliciones de contratar bienes y servicios con proveedores que no están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que permitan dar certeza de la legalidad de todas las operaciones.
FF