Hoy se deberán conocer los nuevos lineamientos del nuevo semáforo epidemiológico sobre el cual los gobiernos estatales decidirán sus respectivos esquemas de movilidad.
Sin embargo, ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el Consejo Nacional de Salud “analiza la propuesta de mantener los espacios públicos abiertos con el propósito de proteger la economía y retornar a la educación presencial en beneficio de la sociedad’’.
La funcionaria aseguró que se debe privilegiar “en todo momento la salud pero sin descuidar el impacto social que la pandemia ha implicado para la mayoría de la población’’.
Parece claro por dónde irá la estrategia gubernamental para enfrentar -si así se puede decir-, esta ola de contagios que ayer superó los 16,000 casos.
Pero mientras el Gobierno se empeña en abrir sí o sí las escuelas desde preescolar hasta preparatoria, ninguna universidad ha promovido el regreso a las clases presenciales.
En la UNAM, la universidad pública más grande del país, el ciclo escolar comenzará el 9 de agosto pero será en la modalidad a distancia.
La casa de estudios había elaborado un protocolo en el que se establecía que, una vez declarado el semáforo verde en la ciudad, dejaría correr un plazo de 10 días para comenzar a regresar a clases de manera escalonada.
Pero tal escenario nunca ocurrió así que todos los estudiantes de la UNAM, con calendarios semestrales o anuales, comenzarán el ciclo el 9 de del próximo mes desde sus casas.
Como se puede ver, el regreso a clases presenciales se está promoviendo para el sector de la población que de acuerdo a las estadísticas oficiales ha sido el más vulnerable para el Covid en esta tercera ola.
Podría ser que a partir del análisis del incremento de los contagios el Gobierno pudiera desistir de su intención de volver a las clases presenciales, pero las decisiones del Consejo Nacional de Salud van alineadas con la decisión presidencial de abrir las escuelas el 30 de agosto.
El argumento es que los niños y adolescentes se enferman pero no se mueren.
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Una pregunta: si hay un subregistro de vacunas aplicadas, ¿será la causa de que muchas personas no pueden obtener el certificado de vacunación que expide el Gobierno?
Porque si es así, el problema es más grave que simplemente no completar un formulario.
Imagínese que por motivos de salud, trabajo o escolar tiene que viajar a un país en donde le exigen el comprobante de que ya está vacunado y no lo puede obtener porque no está registrado aún.
Ya nos dijeron de cuánto es el retraso en el registro, pero no en cuánto tiempo se repondrá.
¿Alguien por ahí que nos explique?
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A la dirigencia nacional del Partido Movimiento Ciudadano no le habrá caído nada bien la multa fosforescente por 55.4 millones de pesos que le impuso el INE por la campaña en redes que hizo Mariana Rodríguez a favor de su esposo Samuel García.
Un debate de horas en el INE concluyó con una votación de 8 a 3 a favor de imponer la multa al partido y otra al gobernador electo por 448,966 pesos.
La discusión se centró en el hecho de que si se debía o no contabilizar como aportaciones empresariales en especie a la campaña de García las historias publicadas en la cuenta de Instagram de Mariana Rodríguez.
La mayoría de los consejeros consideró que sí, pues Rodríguez obtiene ingresos por una actividad empresarial consistente en anunciar productos a través de sus redes sociales.
El MC puede apelar, al igual que el gobernador electo, pero ya será el Tribunal Electoral el que marque la pauta para próximas elecciones.
LEG