@guerrerochipres
La transferencia del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una oportunidad para establecer orden dentro de los centros de reclusión y fortalecer los esquemas de prevención de los delitos planificados desde su interior, así como en los procesos de reinserción de los internos.
Por supuesto que debe ser también una oportunidad para identificar con precisión el concepto de reinserción social asociado con la modificación.
Hasta ahora, la Ciudad de México era la única entidad del país donde la operación y administración de las cárceles dependía de la instancia encargada de la política interior. A nivel federal, es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que tiene esa responsabilidad, incluida la de penales de máxima seguridad. Entre 2013 y 2018 predominó, en contraste, el criterio según el cual el administrador de la gobernabilidad federal debería ser el gestor penitenciario.
Ahora, en consonancia con lo que ocurre en el resto del país, e incluso en una tendencia mundial, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Ciudad de México para dar sustento legal a este proceso.
Las cárceles han sido consideradas “escuela de delincuentes” o centros de corrupción, por ello, entre los primeros objetivos del titular de la SSC, Omar García Harfuch, está la investigación e inteligencia aplicada al interior de los penales y la profesionalización y dignificación, pero también supervisión y sanción de los custodios. Es imposible ignorar que en la capital nacional operan ahora dos de los tres mejores equipos de inteligencia policial que existen en el país.
La prisión no es un estado terminal. Normativa y teóricamente es el espacio de sanción social y de la probabilidad de la reincorporación a la colectividad. García Harfuch planteó mejorar la calidad de vida de los internos y concretar un proyecto de reinserción social en el que se tomaría en cuenta a las familias.
El modelo penitenciario mexicano apuesta a la reinserción sin que estén del todo claros los resultados. Aproximadamente, 35% de las personas privadas de la libertad (PPLs) son reincidentes y seis de cada 10 habrían podido reinsertarse socialmente, me comentó alguna vez el subsecretario del ramo, Hazael Ruíz Ortega.
La información y las afirmaciones públicas disponibles apuntan a la atención integral de los retos. En principio, orden y estrategias de control que permitan repensar la vida en prisión y en sociedad son indispensables.
Al interior, todos los servicios “se pagan”, desde un pase de lista hasta el ingreso de alimentos. Eso deberá terminar.
Además, es momento de que las familias de las y los PPLs establezcan circuitos de denuncia confiables. El cambio significa una ventana de oportunidad para la vida después de la prisión y dentro de ella.