Pocos repararon en las consecuencias de los dichos del secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán.
Ayer, durante la conferencia presidencial matutina, realizada en Jalapa, Veracruz, el almirante dijo que el país “carece de servidores públicos honestos por lo que existe una alta corrupción’’.

La declaración es inédita, pero su significado debería preocuparnos porque forma parte de la no tan sorda militarización del país.

Ojeda Durán trataba de encomiar las virtudes de soldados y marinos, formados como servidores públicos “con principios’’.

Pero la crítica a la administración pública, rebasó una línea que ningún secretario de la Defensa o la Marina habían cruzado en público.

Las declaraciones del almirante son una intromisión en un aspecto que solo corresponde dirimir a los civiles en el Gobierno.

El problema no es la crítica, sino el contraste que hizo con la formación militar, a quienes presentó como los únicos honestos dentro de la amplísima gama de servidores públicos.

Bien pudiera interpretarse “nosotros somos los únicos capaces de sacar al país adelante porque nos educamos bajo principios de honestidad y amor a la patria, no como los burócratas actuales, corruptos’’.

Si lo dijo o no con la autorización del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador, es otro tema.

Lo grave, lo que debería importar a la sociedad civil, es la transformación del discurso de generales y almirantes, a quienes se les ha dado licencia para cuestionar sin términos medios al poder civil.

Que conste en actas.

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La declaración del secretario de Marina ocurre un día después de que el presidente López Obrador anunciara una bolsa de 50 mil millones de pesos para la Guardia Nacional, en el presupuesto del próximo año.

El Presidente no dijo de dónde saldrán los recursos y por qué esa cantidad, pudieron ser 100 mil millones o 20 mil.

Al final de cuentas, López Obrador confía en que la mayoría simple que suman Morena y sus rémoras le alcanzará para la aprobación del presupuesto.

Puede ser.

Solo habrá que preguntar sí el presupuesto le alcanzará para todo lo que está comprometiendo.

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La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum presentó un plan de reactivación económica, apoyado por la iniciativa privada, cuyos ejes son la reactivación del turismo y de la industria de la construcción en la capital.

Aunque se le ha criticado por el hecho de no modificar las medidas anti Covid pese a que la CDMX está en semáforo naranja, Sheinbaum anunció que de a poco irán regresando los eventos masivos como el desfile de Día Muertos, y se facilitarán los trámites para la construcción de proyectos inmobiliarios que no tengan conflictos vecinales.

Sheinbaum, quien estuvo acompañada de los presidentes de las Cámaras empresariales de la capital, insistió en que si bien la pandemia continúa, “cerrar la ciudad ya no es opción”, y que es el momento de “reactivar sin arriesgar”.

La apuesta de la morenista es tener en octubre próximo a todos los capitalinos mayores de 18 años vacunados; en este momento, dijo, 40% de los adultos que viven en la capital completaron su esquema de vacunación.

A ver.

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Será hasta hoy cuando la Comisión Permanente decida si se convoca o no a un periodo extraordinario para desaforar a los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así como al fiscal de Morelos.

Se supone que la fecha quedaría definida ayer, pero el Senado también planteó un periodo extraordinario para la ratificación del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, y para discutir la prórroga para la entrada en vigor de la ley contra el outsourcing.

Ambos temas empantanaron las negociaciones… otra vez.

LEG